Los diputados nacionales Gerardo Milman, del Pro, y Carlos Zapata y Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, presentaron un proyecto de Ley que pretende excluir a los tratamientos de adecuación contemplados en la Ley de Identidad de Género del Plan Médico Obligatorio (PMO). La abogada Cristina Monserrat Hendrickse, entrevistada por la Radio Tortuga 92.9, analizó que la iniciativa “libertaria” carece de fundamentos y subrayó que la cobertura actual genera menos gastos que los que provocaba la situación de ilegalidad anterior a la ley conquistada por el colectivo travesti trans en 2012.
La propuesta de Milman, Lemoine y Zapata busca excluir del PMO, el sistema de obras sociales y cualquier otro programa público la cobertura de tratamientos hormonales, quirúrgicos o intervenciones para adecuar el cuerpo a una identidad autopercibida; bajo la maniquea idea de que “toda persona mayor de 18 años puede decidir sobre su cuerpo, pero no con la plata de todos”. También pretende imponer como condicionamiento a los tratamientos en personas menores de 18 años, “el consentimiento de ambos padres y la intervención de profesionales independientes”.
Monserrat Hendrickse cuestionó el proyecto, al aludir que carece de detalles respecto al costo que implica la atención de terapias y cirugías, y cuánto implicaría de ahorro el cese de esta cobertura.
En contraste, planteó que previo a la Ley de Identidad de Género, había un gasto inconmensurable en el abordaje sanitario de tratamientos irregulares fallidos e intervenciones clandestinas, y problemas de salud mental derivados de la estigmatización y la falta de controles médicos.
Aludió la abogada y también activista trans que este proyecto de ley impulsado por el oficialismo forma parte de una cruzada ideológica en contra de las conquistas en materia de género y diversidad; y se mostró confiada en que la iniciativa no prosperará en el Congreso.
También cuestionó que la propuesta de Milman, Lemoine y Zapata intenta encubrir el innegable posicionamiento político del Estado y los gobiernos en cada decisión que toman, al proponer una presunta “neutralidad estatal” en lo que a identidad de género respecta. Expuso que lo que se busca verdaderamente es desamparar al colectivo travesti trans.
Consultada también por la Agencia Presentes, supo decir Monserrat Hendrickse acerca de esta iniciativa del Gobierno y sus aliados: “El proyecto carece de datos respecto de cuánto se gastó efectivamente, desde que se sancionó la ley, en las terapias y cirugías. También, cuánto le costaba a los contribuyentes y a los afiliados a obras sociales y prepagas afrontar los costos de atención de la población trans en materia de suicidios fallidos, eliminación de los cuerpos de las siliconas industriales, tratamientos de cánceres producidos por terapias de hormonización automedicadas, y demás prácticas que ocurren cuando no hay un debido control médico. Estas últimas seguramente producían mayores gastos que los que prevé la cobertura en la ley de identidad de género”.
Retroceso inadmisible
Por su parte, la Federación Argentina LGBT expresó que el proyecto de Milman, Lemoine y Zapata “representa un retroceso inadmisible en materia de Derechos Humanos”, al buscar “excluir del sistema de salud pública, obras sociales y programas sanitarios los tratamientos hormonales y quirúrgicos de adecuación corporal, trasladando el costo íntegro a las personas interesadas”.
Analiza la FALGBT que la iniciativa busca “eliminar el principio de trato digno, al declarar que el uso del nombre autopercibido en ámbitos institucionales será voluntario y no obligatorio, habilitando la negativa a respetar la identidad de género en espacios públicos y privados».
Alerta la organización que el desmantelamiento de la Ley de Identidad de Género “expone a miles de personas a situaciones de mayor vulnerabilidad, exclusión y violencia estructural”.
