El «Equipo de Sacerdotes de Barrios Populares y Villas de la Argentina» emitió un comunicado, en referencia al crimen de las jóvenes Brenda Loreley del Castillo, Lara Morena Gutiérrez y Morena Verri, en la provincia de Buenos Aires; en el que afirman que «la descomposición de la comunidad en nuestras parroquias, clubes, movimientos sociales, sociedades de fomento y centros de salud son consecuencia de un Estado que se retiró, sacando toda política pública, dejando tierra arrasada y arada para el crecimiento del narcotráfico».
«Ante los hechos horrorosos de esta semana que desembocaron en el brutal asesinato de tres chicas, habitantes de nuestros barrios populares, expresamos nuestro máximo repudio y consternación, sabiendo también que no es un hecho aislado sino que se suma a muchas otras situaciones preocupantes», comienza el mencionado documento.
Los sacerdotes demandan un accionar de la Justicia que eche luz sobre estos hechos y declaran estado de emergencia en lo que se refiere a «acompañar la vida de los chicos, adolescentes y jóvenes de nuestras villas y barrios populares, en la línea de la prevención y la recuperación»; frente a un «Estado que le suelta la mano a la vida».
El comunicado de los religiosos cuestiona abiertamente a la clase política, al plantear que se necesita un «Estado presente, inteligente y efectivo» y que se observa una «desconexión entre la política y la realidad de nuestra gente». Advierten que «hace décadas que el narcotráfico se enseñoreó en nuestras comunidades y barriadas» y con gran preocupación plantean que «las clases dirigentes miran hacia un lugar muy lejano a las necesidades concretas de nuestro pueblo humilde» y que las intervenciones del Estado en las distintas jurisdicciones están «más pensadas para campañas políticas que conectadas con las necesidades de nuestra gente».
En ese marco, subrayan que «la urbanización de los barrios y la apertura de oportunidades es el camino frente a este flagelo» y alertan que «la descomposición de la comunidad en nuestras parroquias, clubes, movimientos sociales, sociedades de fomento y centros de salud son consecuencia de un Estado que se retiró, sacando toda política pública, dejando tierra arrasada y arada para el crecimiento del narcotráfico, que empieza a tomar un lugar protagónico en la vida de nuestros barrios, con prestamistas, trata, soldaditos y muchas otras realidades en las que el narcotráfico se traga a los más pobres».
Al cierre, se refuerza el mensaje, destacando que «la insuficiencia de los comedores, planes sociales eliminados, oficinas del Estado corridas, obras en los barrios populares abandonadas, son muestras de la indefensión de nuestras comunidades».
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