La pre candidata Clarisa Villares, denunció que a casi un año y medio de que los concejales de Unión por Córdoba aceptaran la donación de un arroyo, el mismo continúa alambrado.
El 9 de septiembre de 2013, los concejales de Unión por Córdoba aprobaron la donación del arroyo Santa Cruz o Caocamillín que hizo al Municipio el barrio privado La Hornilla. «A casi un año y medio de este despliegue de argumentos incoherentes y absurdos, y pese a las promesas del Municipio de que era ‘la única forma de recuperarlo’ ya que estaba alambrado… el arroyo continúa bajo llave», recordó Clarisa Villares, secretaria general del Movimiento para la Transformación Social (Movi).
Recursos Hídricos sostenía que en inmediaciones del barrio privado, el Caocamillín era un desagüe pluvial, lo que significaba según analizaban los concejales, que no pertenecía al espacio público.
Villares explicó que la maniobra para «recuperar el arroyo» fue «un mamarracho jurídico» ya que le donaron a la ciudad «un arroyo que ya era de la ciudad de Alta Gracia, lo que equivaldría por ejemplo, a que alguno de nosotros en un acto de extrema generosidad donase al Municipio el Tajamar». La abogada atribuyó culpas también al radicalismo, ya que en 2009 junto a Unión por Córdoba aprobó el proyecto de La Hornilla, que postulaba donar el arroyo al Estado.
Por último, la pre candidata se preguntó: «¿Por qué hay un barrio cerrado con robustos alambrados, si nuestro plan de ordenamiento urbano territorial lo prohíbe?, ¿En qué momento el espacio público se convirtió en moneda de negociación con las empresas privadas?, ¿En qué ámbitos se negocian estas excepciones que no sólo van en contra de la normativa municipal, provincial y nacional, sino que además, van en contra del sentido común, la buena fe y de los intereses de los vecinos?».
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