La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Foro Solidario, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Unión Obrera Gráfica Córdoba (UOGC) y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos informaron que presentaron una denuncia penal contra las autoridades de la obra social PAMI nacional y de la provincia de Córdoba, Esteban Leguizamo y Marcos Patiño Brizuela respectivamente, por presunto incumplimiento sistemático de una orden judicial que obligaba a restituir la provisión gratuita de medicamentos esenciales para jubilados y pensionados.
«Esta desobediencia no solo vulnera la autoridad judicial, sino que pone en riesgo la salud y la vida de miles de afiliados y afiliadas, en una actitud ilegal e inhumana», expresaron las organizaciones denunciantes, en un comunicado que hicieron público este martes 7 de octubre.
«Denunciamos la gravedad institucional de estos hechos y exigimos que la Justicia Federal investigue y actúe», agregan y enmarcan la situación denunciada en una conducta sostenida del Gobierno Nacional: «La política del actual Gobierno Nacional hacia nuestros mayores constituye una forma de violencia estructural y abandono, que no podemos naturalizar».
Foto ilustrativa: Foro Solidario Córdoba
