El Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 11, a cargo de Martín Cormick, hizo lugar a una acción de amparo y dejó sin efecto el llamado «protocolo antipiquetes» que impulsó Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad y que en la actualidad sostiene su sucesora, la cordobesa Alejandra Monteoliva. La decisión judicial alude a vicios en la conformación legal del protocolo, ya que de esta manera el Ejecutivo se habría atribuido facultades que la Constitución Nacional reserva exclusivamente para el Poder Legislativo. El Gobierno de Javier Milei adelantó que apelará la medida judicial.
«Este es un triunfo colectivo», destacó Amnistía Internacional, que junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), entre otras organizaciones, habían realizado una presentación judicial, solicitando la inconstitucionalidad del protocolo, para evitar que sigan ocurriendo hechos violentos, como el que sufrió el fotorreportero Pablo Grillo, que hace nueve meses está internado, tras recibir un proyectil de las fuerzas de seguridad en la cabeza, mientras cubría una marcha de jubilados frente al Congreso.
«El juez sostuvo que el Ministerio de Seguridad legisló a través de una resolución para restringir al máximo el derecho a la protesta por encima de sus facultades, sin respetar los procesos constitucionales ni pasar por el Congreso. La sentencia pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales«, subraya Amnistía Internacional, respecto de la resolución de Cormick.
Y detalla críticamente que «con el pretexto de ordenar el tránsito» y darle «instrucciones a la policía», el llamado «protocolo antipiquetes» reglamenta derechos constitucionales y modifica leyes penales y procesales.
