A través de un comunicado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las casas de altos estudios del país, denunció que la universidad pública y la ciencia se encuentran «en crisis profunda» y puntualizaron que «las condiciones precarias a las que fue sometido el sistema universitario y científico nacional a lo largo del 2024 se profundizaron en los primeros meses de este nuevo año».
Detallaron que por segundo año consecutivo, las universidades no cuentan con un presupuesto aprobado. En ese marco, subrayaron que cuando un presupuesto universitario es aprobado por el Congreso Nacional, «hay transparencia y previsibilidad»; en el marco de lo cual «es posible planificar las acciones y el desarrollo» de las instituciones.
Por el contrario, subrayan, «cuando se prorroga hay incertidumbre y discrecionalidad que obtura la planificación».
Denuncian los rectores que «desde enero del 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134%«.
Asimismo, alertan que «en materia salarial, el escenario es más sombrío y dramático», ya que «el desfasaje producido entre el proceso inflacionario y los aumentos otorgados desde fines de 2023 a marzo de 2025 es más del 80%, lo que empuja a miles de docentes y no docentes de las universidades a percibir salarios por debajo de la línea de pobreza».
«La situación del sistema científico es aún mas grave y será terminal si no se toman medidas que reviertan la desinversión y el ajuste. No hay recursos para equipamiento, infraestructura y convocatorias. No hay recursos para producir ciencia y conocimiento aplicado y se discontinúan proyectos y líneas de investigación y desarrollo tecnológico. No hay política científica y los recursos humanos extraordinarios formados por la nación empiezan a perderse. Hay que advertirlo con la gravedad que implica. Lo que se pierde en ciencia demandará décadas para recuperarse», enfatizaron a continuación.
En cuanto a la infraestructura universitaria, agregaron que «las obras siguen paralizadas» y que «los fondos previstos incluso en el presupuesto reconducido para programas y proyectos específicos, como la creación de nuevas carreras o de institutos tecnológicos; el fortalecimiento de la ciencia y el desarrollo de la extensión, entre otros, no se ejecutan o solo se hace parcialmente».
Y finalmente, en cuanto a la democratización en el acceso de estudiantes a la educación superior, denunciaron que las becas, que son programas de asistencia a estudiantes de las universidades, tanto para favorecer las condiciones de equidad en el acceso y la permanencia, como para promover carreras estratégicas, «no se convocan en tiempo y forma y no se actualiza el valor del estipendio».
En contraste con este panorama desolador, el CIN destaca que las comunidades universitarias «hacen un enorme esfuerzo por sostener la continuidad de las actividades a pesar de la precariedad».
«Sin recursos mínimos e indispensables para funcionar, sin salarios dignos y sin inversión en infraestructura y equipamiento, el sistema universitario público argentino sigue formando generaciones de profesionales con reconocimiento por su excelencia en el mundo entero», subraya y refuerza: «El sistema científico y las universidades siguen generando ciencia y conocimiento relevante que aportan al desarrollo de la nación. A tal punto que el trabajo para expandir las fronteras y el alcance de la educación superior permitió registrar este nuevo año uno de los índices mas altos de matriculación recientes».
Frente a estas circunstancias tan complejas, el plenario del CIN resolvió:
– Solicitar al Gobierno nacional una recomposición del presupuesto de gastos de funcionamiento, la transferencia de fondos previstos en el presupuesto reconducido para programas específicos, la actualización de las becas estudiantiles, la reactivación de la inversión en infraestructura y equipamiento, la reapertura del ámbito paritario nacional y una propuesta salarial razonable y consensuada en ese espacio.
– Solicitar a la Secretaría de Educación de la Nación la formalización de las resoluciones aprobadas por el Consejo de Universidades referidas a créditos universitarios (SACAU) y aseguramiento de la calidad (SIAC).
– Constituir una comisión ad hoc de este Consejo con el objetivo de elaborar un proyecto de LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO para ser presentado ante el Congreso de la Nación, ámbito con competencia en materia presupuestaria.
– Ratificar la voluntad de diálogo del sistema universitario y solicitar a las autoridades educativas nacionales un ámbito que permita abordar responsablemente los problemas planteados y encontrar con celeridad respuesta.
