La Federación Converger, la Cámara de Prestadores en Discapacidad (Capredis), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) suscribieron un documento que denuncia que el sector atraviesa una profunda crisis, ya que se cortó la cadena de pagos y la Ley de Emergencia en Discapacidad continúa sin cumplirse. En ese marco, las entidades se pliegan al cese de actividades impulsado a nivel nacional por el Foro Permamente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad para los días 13, 18 y 19 de marzo.
«Con gran angustia y preocupación queremos comunicar que las personas con discapacidad, las familias, los profesionales y las instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad de todo el país seguimos atravesando una grave crisis que a pesar de contar con la Ley de Emergencia, se continúa profundizando, poniendo en riesgo la continuidad de los espacios y servicios y, por ende, la posibilidad de que las personas con discapacidad reciban la atención que necesitan», expresa el comunicado de las organizaciones cordobesas y subraya que «a pesar de los anuncios oficiales, la Ley de Emergencia en Discapacidad no se está cumpliendo, lo que agrava aún más la situación crítica que atraviesan las instituciones».
Acto seguido, detallan los perjuicios que vienen sufriendo:
● Ninguna de las medidas de apoyo a los prestadores previstas en la Ley ha sido efectivizada ni ha llegado a las manos de quienes brindan las prestaciones.
● Los aumentos en los aranceles otorgados por el gobierno resultan absolutamente insuficientes para sostener el funcionamiento de los servicios, cubrir los costos operativos y garantizar la continuidad de la atención. Y no respetan lo establecido en el texto y espíritu de la ley de emergencia.
● La reglamentación de la Ley, publicada el 4 de febrero a través del Decreto 84/2026, establece procedimientos parciales y plazos que se pondrían en marcha para aplicar la ley, sin embargo no se reglamentaron los incisos destinados a “disponer el financiamiento adecuado y sostenible” para las pensiones, para los servicios prestacionales y para las políticas de fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
● Además, el 2 de marzo se publicó la Resolución 1/2026 del Ministerio de Salud, que establece normas y procedimientos regresivos para el proceso de conversión de las pensiones no contributivas a la Pensión por Discapacidad para Protección Social. Por ejemplo, la reinstalación de una instancia de auditoría, contradiciendo el mandato de “conversión de oficio” determinado por la Ley, la regresión a los requisitos estipulados en el Decreto 432/97 que fueron rechazados por la justicia y por la propia Ley de Emergencia y la imposición de un plazo de 30 días para presentar documentación, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuando el propio Estado año tras año establece la prórroga para la renovación de los certificados a vencerse, ya que no cuenta con capacidad operativa para procesar la renovación en todo el país.
Advierten las organizaciones que se suma a este «terrible panorama» el hecho de que «desde diciembre se ha producido un corte en la cadena de pagos por los servicios prestacionales, por parte de organismos financiadores como PAMI, Incluir Salud y distintas obras sociales nacionales«.
Ante esta situación, subrayan que «la falta de financiamiento pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales para miles de personas con discapacidad y sus familias de todo el país» y remarcan que «si quienes deben financiar el sistema dejan de pagar, todo el sistema se paraliza».
En este contexto, enfatizan que se vulneran los derechos de las personas con discapacidad y también los de los profesionales que trabajan junto a ellas.
«Las organizaciones del sector exigimos el pago inmediato de las prestaciones adeudadas, el cumplimiento efectivo de la ley vigente y la implementación de medidas urgentes que permitan sostener a las instituciones y asegurar el derecho a la atención de las personas con discapacidad», concluye el mensaje, advirtiendo que cuando el sistema que debería garantizar la atención y el acompañamiento de las personas con discapacidad deja de funcionar, «no solo se pone en riesgo la continuidad de las instituciones y el trabajo de miles de profesionales: se pone en riesgo la dignidad, la calidad de vida y el futuro de miles de personas y sus familias«.
