El Foro Permanente de Discapacidad emitió un comunicado a través del cual denunció que la actualización de los aranceles para los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad que anunció el Gobierno Nacional, del 29% al 35% según el tipo de prestación, «no compensa el atraso acumulado» desde el inicio de la actual gestión, que en agosto alcanzaba el 70%. Además, subraya que este incremento «con suerte se cobrará recién entre marzo y abril de 2026» y no cubre los costos reales y solo «profundiza el endeudamiento y la crisis del sistema prestacional».
El documento aclara que este desfasaje en los aranceles se viene arrastrando desde la presidencia de Alberto Fernández y que el aumento otorgado «representa solo la mitad de lo establecido por la Ley de Emergencia en Discapacidad para el mes de octubre y, además, se paga de manera fraccionada».
«Aun así, el Gobierno lo comunica como si se tratara de una respuesta a las necesidades reales de los prestadores, cuando en realidad no cumple con los parámetros fijados por la ley ni con los compromisos asumidos», agrega y subraya que también el Gobierno incumple con el «pago de la compensación prevista en la Ley 27.793, deuda que el Estado mantiene con el sector».
«Por lo tanto, no puede considerarse este incremento como el inicio de un proceso de saneamiento de un sistema que se encuentra en una situación crítica de desfinanciamiento y abandono», denuncia el Foro, que abiertamente señala que el Gobierno utilizó expresiones engañosas en el comunicado en el que anunció esta actualización.
«Se afirma que el aumento otorgado a las prestaciones supera la inflación proyectada para 2025, lo cual podría considerarse cierto solo si se analiza ese año de manera aislada. Sin embargo, este incremento representa apenas la mitad del atraso arancelario acumulado —del 70% a agosto de 2025— que fue generado por la propia gestión del Gobierno nacional. El aumento dispuesto es diferenciado: algunas prestaciones reciben un 29% y otras un 35%, cuando el atraso arancelario del 70% fue para todas», detallan.
También se afirma que, con este aumento, se verán beneficiados los profesionales, los prestadores institucionales y las propias personas con discapacidad, ya que permitiría «mantener la calidad y la continuidad de los servicios». Sentencia el Foro que «esto no es así», ya que «el incremento anunciado no compensa el atraso acumulado, por lo que los prestadores continúan sin poder cubrir los costos reales de funcionamiento, ni afrontar las deudas que los sucesivos retrasos arancelarios les han generado».
En virtud del marco descripto, advierte el Foro que «resulta inviable sostener la calidad y la continuidad de los servicios que se brindan a las personas con discapacidad».
«La única certeza que hoy tienen las instituciones y los profesionales es la continuidad del atraso y el riesgo creciente de cierre de servicios esenciales para las personas con discapacidad», denuncia el Foro, que insiste en la necesidad de que se cumpla plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El comunicado finaliza planteando la expectativa que tiene el sector de que se materialice la decisión judicial del Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, respecto de la inconstitucionalidad del artículo 2° del Decreto 681/25, que suspende la aplicación plena de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
