El Colectivo 3 de Diciembre, que nuclea a transportistas de personas con discapacidad, reveló que el gobierno de Javier Milei sigue intentando eludir su obligación de aplicar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad. Según informó la abogada del Colectivo, Samanta Funes, la gestión nacional habría adelantado que probablemente no podría cumplir con el requerimiento judicial en la fecha límite del 4 de febrero, impuesta por el juez Federal de Campana, Adrián González Charvay. Según la gestión «libertaria», la reglamentación es «compleja» y «no automática».
Indica el Colectivo 3 de Diciembre que el Gobierno Nacional reiteró como argumentos las excusas a las que aludió reiteradamente durante el debate legislativo de este proyecto que, cabe recordar, fue aprobado y ratificado por ambas cámaras del Congreso. Según el Gobierno, la Ley no tiene presupuesto asignado y aplicarla sin reglamento podría afectar el tan mentado «equilibrio fiscal«.
Subraya el colectivo de transportistas que lo que el Estado omite decir es que el plazo no es discrecional y que la propia ley de Emergencia en Discapacidad, en su artículo 21, establece un plazo de 30 días para su reglamentación.
Ante esta nueva dilación del Gobierno, el Colectivo 3 de Diciembre califica las respuestas oficiales como «desproporcionadas» y alerta que «evidencian una estrategia destinada a dilatar y obstaculizar la plena aplicación de la ley».
«En su presentación, el Estado acompañó supuestos ‘avances’ administrativos que no aportan nada nuevo: repiten su postura de siempre y concluyen, sin más, que reglamentar ‘lleva tiempo’«, agrega el informe del colectivo de transportistas, que concluyó su parte informativo, dando cuenta de que ahora las partes deben contestar la respuesta del Gobierno y el Juzgado Federal de Campana debe analizar si el Estado cumplió o no con la intimación judicial.
«Los derechos no pueden esperar más. La ley está vigente y debe cumplirse«, concluye el Colectivo 3 de Diciembre.
