El Ministerio de Salud dispuso un aumento del 5,78% en los aranceles de las prestaciones, tomando en consideración los datos de inflación de los últimos dos meses. Desde el Foro Permanente de Defensa y Promoción de los Derechos de las personas con discapacidad denuncian que se utilizó un cálculo que no contempla la pérdida real que atraviesa el sector y desoye lo dispuesto por la Ley de Emergencia, aprobada y ratificada por el Congreso. Para el jueves 5 de marzo, a las 10.30, está prevista una marcha hacia el Ministerio de Salud de la Nación.

La movilización nucleará a personas con discapacidad y sus familias, prestadores de servicios, instituciones y también el Sindicato de choferes particulares.

Denuncian: «La Ley de Emergencia en Discapacidad no se está cumpliendo. Los pagos de Incluir Salud y del PAMI siguen con demoras inadmisibles. Los prestadores están al límite. Y detrás de cada prestación hay personas con discapacidad que ven vulnerados sus derechos».

Y subrayan que no se trata de un «reclamo sectorial», sino de la «defensa del sistema de apoyos que sostiene miles de vidas».

La convocatoria a la marcha enfatiza la urgencia de hacer oír los reclamos: «La emergencia es ahora. Sin políticas públicas activas, el sistema colapsa».

Prestaciones en riesgo

En cuanto a la actualización de los aranceles de las prestaciones de discapacidad, el Ministerio de Salud publicó en el Boletín Oficial la Resolución 340/2026, que establece un 5,78% de aumento para febrero, sin distinción por tipo de prestación y +20% por zona desfavorable solo para la Patagonia.

Desde el Foro expresan con preocupación que este aumento «es insuficiente y se calcula sobre una base errónea y atrasada, por lo que no da respuesta al espíritu de la Ley de Emergencia en Discapacidad».

Explican que «la compensación prevista por ley —para cubrir la brecha entre inflación y aranceles— fue reconocida por el Estado en apenas 10,5%, cuando el atraso real estimado por los prestadores alcanza el 27,79%».

«Sin financiamiento adecuado, no hay derechos garantizados», subrayan y concluyen que con publicaciones tardías y aumentos que no alcanzan, las prestaciones están en riesgo.