La organización «Micelio», que nuclea a personas con discapacidad, familias y prestadores unidos de Alta Gracia lanzó una invitación abierta para todas las personas e instituciones que trabajan en la temática y que integran este colectivo en la ciudad, para que se sumen a la asamblea abierta que se desarrollará el jueves 22 de septiembre, entre las 9 y las 13, en el Deportivo Norte.
«Esta unión tiene la finalidad de unificar los criterios y unir fuerzas ante la problemática que acontece en la actualidad en el sector y que nos demandan acciones inmediatas y a futuro, que pretendemos no se diluyan, pudiendo continuar trabajando de manera mancomunada en el fortalecimiento de los derechos de las Personas con Discapacidad y los prestadores de servicio que trabajamos con personas con discapacidad«.
El citado párrafo da cuenta del objetivo planteado por esta organización para la asamblea abierta. Sergio López, director General del Centro de Integración del Discapacitado Crecer e integrante de «Micelio», en una entrevista con «Que No Se Te Escape», hizo referencia a la multiplicidad de barreras que obstaculizan el acceso de las personas con discapacidades a sus derechos; y las dificultades que viven a diario sus familias, prestadores y las instituciones que trabajan con la temática.
Según explicó Sergio López, «Micelio» nació en 2020, pero la pandemia interrumpió su desarrollo. Este año, en el marco de los reclamos nacionales que el colectivo de la discapacidad sostiene a nivel nacional, tomó vigor nuevamente para convocar a esta asamblea que pretende exponer ante la sociedad de Alta Gracia las situaciones apremiantes del sector.
«Hay políticas nacionales e internacionales que deben garantizar el bienestar de las personas con discapacidades. Hay una Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional. Pero a pesar de eso, las familias y las personas en situación de discapacidad y los prestadores desde hace tiempo venimos viviendo una situación muy difícil de sostener», refirió López.
PORTAL TORTUGA (PT): En Alta Gracia existe un Consejo de Accesibilidad y Personas con Discapacidad, motorizado desde la Municipalidad. ¿Este nuevo espacio no encuentra cabida ahí, tiene un objetivo diferente?
SERGIO LÓPEZ (SL): Son funciones paralelas. El Consejo tiene una finalidad de asesorar y acompañar a las personas en situación de discapacidad. Nosotros tratamos de trabajar en forma coordinada con las planificaciones y proyectos institucionales.
Repasó López que «del 29 de agosto al 5 de septiembre hubo movilizaciones en la Plaza de Mayo (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y se armó una carpa blanca, y se hicieron movilizaciones en todas las provincias». Y que en ese marco, se pensó para Alta Gracia esta asamblea que pretende «concientizar sobre la situación real que atraviesan las familias, las personas con discapacidad, prestadores, instituciones y transportistas».
Indicó que la invitación es abierta y que sería importante que el Consejo de Accesibilidad y Personas con Discapacidad pueda sumarse.
PT: ¿Cuál es el detonante actual y cuál es la problemática que se viene acarreando hace años?
SL: Las demandas son puntuales de los prestadores y de las familias. Trabajamos con un 80% de familias que no tiene obra social. El Estado debe garantizar el cumplimiento de las necesidades de las personas en situación de discapacidad. Por eso el Estado cuenta con el programa Incluir Salud, que debe proveer de medicación, pañales, sillas de ruedas que necesite la persona. Con el tema de la medicación, las familias viven unas situación lamentable porque deben viajar a Córdoba a llevar la receta. La receta debe ser actualizada en Córdoba, hay que buscar la medicación a una farmacia determinada. Muchas veces la familia hace todos los trámites, llega a la farmacia y la medicación no está. Entonces debe volver nuevamente a Alta Gracia. Como institución acompañamos esta gestión para la medicación, los pañales, las sillas de ruedas. La medicación llega 30 días después de que se solicitó y muchas veces llega menos de lo solicitado. Lo mismo pasa con los pañales. Esto repercute en la salud. Hay que estar en la piel de estas familias para entender la angustia que suelen pasar cotidianamente. En cuanto a los prestadores, los aranceles que se reciben para quien trabaja con personas en situación de discapacidad, no son actualizados acorde a la inflación. Esto viene desde hace muchos años. Siempre está un 10, 15 o 20% por debajo de la inflación. Y las obras sociales se atrasan hasta siete meses en el pago a los prestadores, cuando el Estado dice que les paga inmediatamente.
PT: ¿Qué tienen que hacer los Estados de las distintas esferas para abrir un canal a través del cual estas demandas empiecen a encontrar solución?
SL: Es una cuestión de decisión política, nacional y provincial. El APROSS, por ejemplo, tiene un arancel mucho menor que el del Ministerio de Salud. Es también una cuestión de decisión política del Estado municipal, que no puede estar ajeno a estas situaciones que vive el colectivo de la discapacidad. Hay que hacer un trabajo coordinado del Estado con las instituciones y las organizaciones. Cuando se toman decisiones, hay que prever las que se puedan cumplir.
PT: Se está discutiendo una nueva Ley de Discapacidad, ¿qué debería tener como concepto general?
SL: El respeto a las personas. La Convención define muy bien el nuevo paradigma. La discapacidad no está en las personas, sino en las barreras sociales que se le imponen a quienes tienen alguna deficiencia funcional para acceder a lo que necesita. Tenemos que ser coherentes con lo que promulgamos y lo que hacemos. Si hablamos de incluir a las personas con discapacidad a una sociedad, no deben existir barreras de ninguna índole. En la salud, en el trabajo, en la educación. Pero lamentablemente existen muchísimas barreras. Hay que ir rompiéndolas, basándose en el respeto a las personas y cada uno hacerse cargo de lo que le corresponde. Hay que pensar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, como cualquier otra persona.
