Por Pablo Rodríguez. En la mañana del jueves 22 de septiembre, unas 350 personas respondieron a la convocatoria de la flamante unión de personas con discapacidad, familiares y prestadores, “Micelio”, y se congregaron en el tinglado del Deportivo Norte para visibilizar y compartir los reclamos del sector, en un contexto de demandas por vulneraciones de derechos que se replican a lo largo y a lo ancho del país.
En la asamblea se leyó y firmó un petitorio para enviar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y estuvieron presentes funcionarios municipales, referentes políticos y concejales del oficialismo y la oposición.
Se dispuso una lista de cinco oradoras para abordar la problemática desde las miradas de las instituciones, las y los profesionales, las familias, las personas con discapacidad y las prestadoras de servicios de transporte; y acto seguido se abrió la palabra al resto de los presentes.
El balance entusiasmó a los organizadores. Este encuentro fue tomado por el colectivo como el primero de una serie que permita avanzar en el abordaje de la compleja problemática.
Tortuga consultó a diversos protagonistas de la Asamblea, quienes en sus análisis, conclusiones y expectativas, subrayaron la importancia de que todos los sectores afectados puedan confluir en un espacio y una estrategia común.
Un diagnóstico preocupante
Sylvia Andrada, quien ofició de oradora en representación de la Federación Converger (entidad que nuclea a instituciones de la provincia), precisó que “la situación de los prestadores de discapacidad viene complicada hace rato con aranceles bajos y demoras en los pagos”, pero enfatizó que particularmente en estos últimos meses “hubo un corte en la cadena de pagos que complicó aún más la situación”.
Andrada observó con preocupación la posibilidad de que el Estado Nacional disponga que el sistema de redistribución de los fondos para la cobertura de las prestaciones de discapacidad deje de depender de la Superintendencia de Servicios de Salud y pase a manos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). “A partir de ahí, también se plantea un recorte en las prestaciones que implicaría que algunas, como transporte e inclusión escolar, podrían quedar por fuera del nomenclador; ósea no se cubrirían”, completó.
Sergio López, director General del Centro de Integración del Discapacitado Crecer y promotor de la Asamblea, subrayó que en los hechos no se está cumpliendo efectivamente la Ley Nacional 24901 (“Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad”), a través de la cual “el Estado se compromete a garantizar el bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad y que estas puedan acceder a los diferentes ámbitos educativos, laborales, de salud, culturales”.
López refirió que la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define a la discapacidad como “las barreras sociales que deben soportar aquellas personas que tienen alguna disfunción” y afirmó que “lamentablemente vemos cómo el Estado no está garantizando el acceso a los derechos de estas personas” y que “estas barreras hacen que estén en una situación de mayor discapacidad”.
Ese preocupante contexto fue el que empujó a Crecer, Fundación Espacios y Kamay a empezar a modelar “Micelio”, según recuerda Andrada. Al ampliar el horizonte posible de la iniciativa, se abrió el juego a las familias y los profesionales y se organizó esta asamblea.
Pasapalabra
“La idea de la asamblea me parece muy buena y positiva, porque siempre se trata de invisibilizar a las personas con discapacidad y éste es un espacio de participación, cooperación y donde se pueden trabajar el acceso a los derechos”, celebró Miryam Flamand, una de las oradoras; fundadora del Observatorio para el Cuidado de la Dignidad de las Personas con Discapacidad (ODIS).
“Creo que hubo una gran convocatoria y éste es recién el comienzo de las asambleas que vendrán. Me pareció que fue instancia dinámica y me alegró ver a los funcionarios, quienes son actores responsables y deben mostrar compromiso hacia la discapacidad, como también garantizar que los derechos de las personas con discapacidad se cumplan”, afirmó Romina Zejdlik, presidenta de la fundación Por Una Inclusión Plena, también oradora en la actividad.
Sergio López destacó que en la asamblea “estuvo representado todo el colectivo” y que se pudo escuchar la voz de los directamente perjudicados: “Las personas con discapacidad y sus familias pudieron dar cuenta de la odisea que atraviesan para conseguir poder acceder a la educación, la salud, la medicación para sus hijos, los pañales, las sillas de ruedas”.
María José Juri, fonoaudióloga de Kamay, calificó a la Asamblea como “una instancia fundante” que permite la reflexión y puesta en común de las diversas dimensiones de la problemática y la cohesión de los diferentes sectores; y destacó particularmente que trabajadoras y trabajadores que prestan servicios tomaron la palabra para incluirse como sector afectado y exponer también la precarización que sufren profesionales monotributistas en el abordaje de personas con discapacidad.
En torno de este tema, Zejdlik advirtió que la precarización laboral de los prestadores, “como que no cobren si se enferman o durante el período de receso o vacaciones, que tengan sus salarios desactualizados; o que se vulnere a los transportistas” repercute e impacta inevitablemente en todo el colectivo de la discapacidad. “Si los prestadores no cobran sus haberes, las terapias de nuestros hijos corren riesgo”, sentenció.
Hacia adelante
Andrada analizó que la amplia convocatoria lograda “refleja la inquietud, la preocupación y el compromiso que tenemos”. Adelantó, asimismo, que este colectivo se comprometió a plegarse a las manifestaciones a nivel nacional y a trabajar en el ámbito local “fuertemente y unidos para mejorar la situación”.
En este sentido, vale subrayar que se barajaron diversas iniciativas que en las próximas reuniones se consolidarán y con las que se pretende “sacar el reclamo a la calle” para involucrar al resto de la sociedad y comprometer a los actores políticos locales en el acompañamiento al colectivo.
Sintetizó Andrada como reclamos generales del colectivo: “Que no se vulneren los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores; que no se modifique la Ley ni con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ni con una resolución; que no se recorten las prestaciones; que haya un aumento del arancel para las prestaciones, que considere la inflación y el costo de vida; que no haya cortes en la cadena de pagos; y que haya claridad en cuanto al mecanismo de cobertura de las prestaciones básicas para las personas con discapacidad”.
FOTOS: GENTILEZA SOFÍA MAGRINI, REDES Y CONTENIDO AUDIOVISUAL DE KAMAY, Y VANESA PONCE
