Representantes de la Cámara de Prestadores de Discapacidad (Capredis), la Federación Converger y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, que nuclean a más de 120 instituciones cordobesas, se reunieron con funcionarias del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, para demandar el acompañamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada por el Congreso y el presidente Javier Milei amenazó con vetar.
En la reunión, la secretaria de Fortalecimiento Familiar, María Eugenia Pomazan, y Mariana Gandolfo, responsable del área que tiene a cargo los programas de discapacidad en el Ministerio que conduce Liliana Montero, les manifestaron en nombre del Gobierno provincial el apoyo a estos sectores.
Las funcionarias se comprometieron a seguir fortaleciendo las políticas públicas de discapacidad e instar a los legisladores nacionales para que se materialice lo más pronto posible la ley de emergencia que votó y aprobó el Congreso.
Los representantes de Capredis, Converger y la Mesa dieron cuenta de la crisis de financiamiento que atraviesa el sector ante el desentendimiento del Estado nacional, lo que pone en peligro los derechos y la calidad de vida de miles de personas con discapacidad.
En ese marco, expusieron la urgente necesidad de que se aplique la ley de emergencia sancionada recientemente por el Congreso.
“Por la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad ya”, expresaron las entidades en un documento, donde destacan que celebraron con “profunda alegría” la sanción de la Emergencia, al tiempo que califican de “imprescindible que la ley entre en vigencia de manera efectiva para evitar el colapso del sistema y garantizar derechos fundamentales”.
Puntualmente, reclaman la necesidad de asegurar el acceso a las pensiones, garantizar la compatibilidad de éstas con el trabajo formal y la actualización de los aranceles prestacionales.
