Por Irene Cuevas (*). Los sectores más desprotegidos están siendo desacreditados por el actual gobierno nacional, sin evidencia y con una crueldad nunca vista. Pobres, mujeres, jubilados, trabajadores estatales, colectivos LGTBIQ+, personas con discapacidad, usuarios de salud mental, enfermos oncológicos y de VIH, comedores comunitarios, científicos, docentes, universitarios, entre otros actores, son vistos con desconfianza, culpables de un delito o falta, pero sin pruebas seguras. Esta vez nos tocó a todas y todos.
Los retrocesos en políticas sociales, de Género y Derechos Humanos han sido gravísimos, ya que afectan la vida y la dignidad humana.
Recientemente, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos de la Nación, dijo que las medidas de ajuste implementadas, que agravan la pobreza y desprotegen a sectores vulnerables, buscan la “autonomía” de los individuos y superar los “modelos asistencialistas”.
Ambos objetivos son caros para las personas con discapacidad, pero imposibles con una regresión en los derechos y un proceso de estigmatización como los que promueve este Gobierno, que también deslegitima el trabajo de las organizaciones sociales, acusándolas de fomentar el clientelismo y de intermediar la asistencia pública.
Frente a este panorama, surgen más activas las luchas de asociaciones que articulan exitosamente entre ellas, encabezadas por las propias personas con discapacidad y los usuarios de salud mental.
Demostrando que son capaces y están cuerdos, logran visibilizar la articulación y el cruce entre discapacidad y salud mental y la transversalidad de ser pobre, mujer, disidencia, anciano, y tantos etcéteras, con una perspectiva federal, transversal, interseccional e intercultural.
Si bien los objetivos del trabajo conjunto de estas organizaciones apuntan a lo sociocultural para transformar la mirada de la sociedad, se capitaliza, en el caso de personas con discapacidad, en reducir la discriminación por “no ser capaces” (capacitismo), y en las usuarias de salud mental, la discriminación por “no ser cuerdos” (cuerdismo).
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