Este martes 14 de mayo, desde las 17, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) de Córdoba concentrará en Colón y General Paz para realizar una clase pública y movilizarse hacia la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en 9 de Julio 360, para denunciar la «situación desesperante» que atraviesa el sector.
También convocan el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Psicopedagogos y la Federación Converger, entre otras entidades.
A través de un comunicado, titulado «Emergencia en Discapacidad», precisamente, desde el sector detallan la «desesperante» situación que atraviesa al colectivo de personas con discapacidad y sus prestadores: «Al recorte que significa la desidia en que se tratan los aumentos en las prestaciones para personas con discapacidad, a la ola de despidos, a los recortes de pensiones, a los discursos de odio y violencia simbólica, hoy se suma la angustia que genera en el colectivo el proyecto de decreto que apunta a desregular el sistema de prestaciones«.
Advierten que «al desregularse los valores del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, los valores que dicte el Directorio del Sistema sólo serán orientadores y cada ente financiador (Pami, Incluir Salud y Superintendencia de Salud) tendría aranceles establecidos individualmente y seguramente diferenciados, lo que sabemos que se traducirá en mayor desigualdad, por ende
peores condiciones de cobertura para afiliados/as/es y beneficiarios y aún más precarización y devaluación del trabajo profesional».
Además, subrayan, se partirá desde una «desigualdad estructural» entre Pami, Incluir Salud u Obras sociales sindicales y prepagas.
«Sabemos que el acuerdo entre partes desprotege a las personas más vulnerables y a los/as/es trabajadores independientes. Por otro lado, deja en manos de cada financiador establecer sus valores de las prestaciones del nomenclador», alertan.
Conceptualmente, lamentan que «algunos sectores han planteado que ven a la Discapacidad como un gasto» y consideran un «riesgo» dejar librado a su gestión los fondos que garantizan la cobertura prestacional y principal fuente de trabajo de miles de profesionales de todo el país.
«Esto se suma a que los valores de los aranceles no se correlacionan con los procesos inflacionarios de los últimos tiempos, a la naturalización de los pagos diferidos y los grandes obstáculos burocráticos que ponen muchos financiadores a la hora de brindar coberturas y aprobar prestaciones», agregan.
Finalmente, advierten que «esto va a tener graves consecuencias para personas con discapacidad, familias, prestadores independientes, transportistas e instituciones prestadoras«. Y en ese marco, convocan a todo el sector a «implicarse, a hacerse eco y habitar cada expresión
de lucha en el marco de la declaración de Emergencia en discapacidad».
Y amplifican la convocatoria a toda la comunidad, desde la siguiente premisa: «La emergencia en discapacidad no es una cuestión solo de quienes somos parte, es una responsabilidad de todo el conjunto social y solo así podremos hablar de una sociedad inclusiva que garantice la convivencia».
