La legisladora del MST en el Frente de Izquierda Unidad, Luciana Echevarría, rechazó los proyectos que buscan regular la protesta en la provincia de Córdoba. Junto a diversos espacios formarán una multisectorial para frenar el avance de dichas iniciativas.
A mediados de octubre comenzaron a discutirse en la Unicameral de Córdoba, dos proyectos que buscan limitar las protestas sociales. Uno de los textos fue presentado por el legislador oficialista Juan Manuel Cid (Hacemos por Córdoba), mientras que el restante es autoría de los radicales Dante Rossi y Verónica Garade Panetta (Juntos UCR). En diálogo con el programa Y vos, ¿qué pensás? de Radio Tortuga 92.9, la legisladora Luciana Echevarria, detalló el objetivo de las iniciativas y cómo se preparan para hacerle frente dentro de la cámara y también en la calle.
Radio Tortuga (RT): ¿En qué consisten estos proyectos?
Luciana Echevarría (LE): Lamentablemente ahora el oficialismo está abocado a discutir cómo seguir ejerciendo violencias en los sectores que pelean, incluso en el de los trabajadores, con iniciativas que buscan criminalizar las protestas. Ahora estamos embarcados en ese debate en la legislatura, tratando de frenar esas iniciativas que están atentando contra un derecho constitucional.
El proyecto del radicalismo lo que busca es regular la forma de las movilizaciones, establecen las calles por las cuales uno puede transitar y sobre todo plantea que uno tiene que avisar con 48 horas de anticipación que tienen intención de movilizarse.
El de Cid es mucho más grave porque directamente establece una reforma del Código de Convivencia, que ya de por sí ese código tiene una situación muy precaria en relación las garantías procesales, y acá lo que están buscando es agregar figuras delictivas, que no solo tienen que ver con la protesta, sino que también incluye, por ejemplo, días de arresto a aquel que hurga la basura. Es decir los cartoneros van a ser más perseguidos con con este proyecto
Por supuesto establece la cuestión de aquellas personas que se manifiesten, que pueden tener distintas sanciones como trabajo comunitario, multas o días de arresto y estas penas se duplican en el caso de que se esté cortando, por ejemplo, un puente o una avenida, o que quienes protesten sean empleados públicos.
RT: ¿Cuál fue la respuesta desde el espacio que representas en la Legislatura?
LE: Yo he sido muy crítica desde el primer minuto en relación a estas iniciativas. Así lo expresé en la Comisión de Asuntos Constitucionales donde se empezaron a debatir estos proyectos y estamos impulsando, junto a otros sectores, una multisectorial con los sindicatos, las organizaciones sociales, los organismos de Derechos Humanos, los distintos sectores del activismo ambiental, feminista, entre otros.
Nos parece importante dar una respuesta ante este ataque que entendemos es muy grave, ya que atenta directamente contra las libertades democráticas y contra un un derecho que termina siendo la base y la garantía de los demás derechos. Nadie se moviliza porque sí o porque tiene ganas, uno llega a la distancia de la movilización cuando ya no hay respuestas por parte de las instituciones para las cuestiones más elementales.
RT: ¿Cuál es el objetivo de impulsar este tipo de iniciativas?
LE: Acá se quiere correr el eje del debate. Nos quieren focalizar en cuáles son las consecuencias de las movilizaciones, de cómo esto afecta, por ejemplo, a los comerciantes del centro de la ciudad y no reparar en las causas reales.
Hoy no estamos discutiendo cómo sacar a la gente de la pobreza, sino cómo sacarlos de la calle. Nos parece muy grave que la Legislatura Provincial en estos contextos de mayor vulnerabilidad no esté abocada en dar respuesta a esa situación, sino en cómo criminalizar aún más los sectores que ya la están pasando mal.
