Entrevistado por la Radio Tortuga 92.9, el diputado nacional cordobés (por el Frente de Todos) mandato cumplido y vicepresidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Eduardo Fernández, cuestionó duramente el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que intenta imponer el Gobierno Nacional dentro del proyecto de ley Bases, que tiene media sanción en Diputados y se está debatiendo en el Senado.
«El RIGI tiene una gravedad institucional central y es el núcleo del proyecto de ley Bases. Contiene toda la esencia de la entrega de la soberanía. Afecta a todos los argentinos, pero al sector productivo no contemplado en este régimen lo aleja completamente. Extraña que los diputados hayan analizado esto sin entender su gravedad», introdujo Fernández la charla.
Detalló a continuación que este Régimen, al que definió como «un saqueo institucionalizado», «afectaría seriamente a la soberanía por 30 años», ya que dispone que se le establezcan laxas reglas de juego a las inversiones extranjeras, que no podrían ser siquiera revisadas por las legislaciones del país durante tres décadas.
Asimismo, advierte, «este Régimen permite que las empresas hagan sus balances en dólares y no según las normas contables nacionales», incluso sometiendo los conflictos legales al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), «que siempre ha fallado en favor de los grandes poderosos».
En términos de soberanía, alertó que «No solamente que no le va a dejar un peso al país, porque libra a las grandes inversiones de liquidar divisas a partir del tercer año; sino que pueden apropiarse de nuestros recursos naturales y librarnos de la totalidad de la energía». Detalló que «el objetivo energético es maximizar beneficios y no abastecer el país» y que con esta herramienta que se debate en el Senado, «si las empresas se apoderaran del sector energético y decidieran exportar todo el combustible del país, podrían hacerlo».
Asimismo, subrayó que mientras se ofrece este beneficio extraordinario a las grandes inversiones, se deroga el «Compre Nacional», atacando doblemente a la matriz productiva del país. Y destaca también que frente al RIGI, las leyes provinciales y las autonomías locales perderían valor.
«El Rigi no crea empleo, es la entrega, es la irreversibilidad; tiene cláusulas cerrojo para que no sea revisado en el futuro. Nunca una gran empresa pidió tanto como le da este proyecto», remarcó.
Finalmente, apuntó que más de 60 entidades que nuclean a empresas nacionales se movilizaron y se seguirán movilizando al Congreso para expresar su rechazo al Rigi y para concientizar a la comunidad, respecto a la gravedad que reviste. «Hasta ahora el Gobierno juega con que la sociedad no sabe el compendio de esta Ley. Pero cada vez que se vaya enterando lo que contienen estos artículos, la ciudadanía pedirá que no se apruebe», se esperanzó.
Y agregó que desde Apyme, particularmente, vienen pidiendo audiencias individuales con cada senador «para preguntarles por qué no se va a poder variar el sistema tributario para estas inversiones durante 30 años, por qué van a tener beneficios e incentivos tributarios, aduaneros y hasta cambiarios, por qué nuestras empresas tendrían que cumplir durante los próximos 30 años con instrumentos legales que estas inversiones no cumplirían».
