En diciembre, el gobierno de Javier Milei dispuso el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y creó en su lugar la Secretaría Nacional de Discapacidad, dentro del Ministerio de Salud. La medida viene cosechando críticas, ya que es leída como un nuevo embate del Gobierno al sector, mientras dilata la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada y ratificada por el Congreso.
El Foro Permanente de Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad detalla que la medida del gobierno de Javier Milei «implica el traspaso íntegro de funciones, recursos y responsabilidades, y se apoya en una modificación de la Ley de Ministerios, en el marco de la prórroga de la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2026»; y que a partir de este cambio, «el Ministerio de Salud concentra el diseño, la coordinación y la ejecución de las políticas vinculadas a discapacidad, junto con la gestión de pensiones y prestaciones asociadas».
Pablo Molero, coordinador del Foro, afirmó categóricamente que «la disolución de la Andis implica una degradación institucional«, ya que «la discapacidad deja de tener un organismo con jerarquía nacional capaz de promover políticas públicas de inclusión en todos los ámbitos de la vida social».
Analizó Molero que «esta decisión es coherente con un gobierno que desde su inicio ha deslegitimado a las personas con discapacidad, reduciendo la temática a una mirada asistencial, sanitaria o ligada a sospechas de corrupción»; y subrayó que «la discapacidad requiere una política transversal, con jerarquía y capacidad de incidencia real, no una estructura subordinada que limita su alcance y debilita la garantía de derechos».
Paralelamente, el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Córdoba expresó su rechazo ante esta decisión. En diálogo con Radio Sur, Noelia Karaman, licenciada en psicología y coordinadora de la Comisión de Psicólogues trabajando en dispositivos de apoyo a personas con discapacidad del Colegio, manifestó: «Rechazamos este decreto, nos preocupa profundamente el desmantelamiento de la Andis, que en realidad es algo que ya viene ocurriendo porque ha habido masivos despidos y avanza el desfinanciamiento de las políticas públicas que tienen que ver con discapacidad».
Desde Rosario, en tanto, la presidenta de la organización Sin Barreras Rosario, Mónica Chazarreta, dijo que la asombra el nivel de crueldad de este gobierno: «Discapacidad no tiene que estar en el Ministerio de Salud, porque no somos personas enfermas, somos personas que necesitamos algún tipo de tratamiento, necesitamos capacitarnos para el mundo laboral, necesitamos asociaciones que acompañen, necesitamos de cierto apoyo para el aprendizaje«.
Y por último, advirtió que esta acción del gobierno es para tapar las denuncias de corrupción que involucran a la hermana del Presidente y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por el presunto cobro de coimas a empresas farmacéuticas: «La consigna sería evitar que se destape todo el manoseo y toda la corrupción que hay a partir de los medicamentos destinados a personas con discapacidad en el Andis. Eso no se puede tapar».
Fuente: Foro de Discapacidad y Agencia Farco
