La Cámara Alta transformó en ley el proyecto para impedir que los condenados por delitos de lesa humanidad se beneficien con la ‘Ley del 2×1’. Ayer las y los diputados nacionales ya habían dado media sanción a la iniciativa. Este miércoles, organismos de derechos humanos de gran parte del país se movilizarán por las calles de varias localidades repudiando el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El Congreso de la Nación aprobó el proyecto de ley que impide aplicar la ‘Ley de 2×1’ a condenados por crímenes de lesa humanidad luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de conceder el beneficio al represor Luis Muiña. Este miércoles, el Senado nacional transformó de forma unánime el proyecto de ley que ya contaba con la media sanción de la Cámara de Diputados, donde 211 diputados y diputadas votaron a favor en tanto que sólo uno lo hizo en contra, el legislador salteño, Alfredo Olmedo. En esencia, la iniciativa determina que ningún juez conceda reducciones de penas a quienes detentaron el terrorismo de Estado durante la última dictadura.
Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se hicieron presentes en el Congreso para a apoyar esta iniciativa. Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora expresó al Informativo Farco, que «desde que asumió Macri hay un campo propicio para que permanentemente se violen los derechos humanos y estén faltandole el respeto a los 30 mil desaparecidos. Por eso, no nos pareció raro que la Corte Suprema, haya votado por este fallo, que es un desastre y es anticonstitucional».
Gran consenso entre los bloques
El debate en Diputados mostró un fuerte rechazo a la decisión de los jueces Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco. «Cómo pudo desfilar el día 9 de julio que recordamos la independencia de la república argentina miembros de los carapintadas que se alzaron contra el gobierno democrático en la transición, qué necesidad hay de relativizar lo ocurrido y atribuir intenciones espurias al número de desaparecidas que el conjunto de la sociedad argentina creen que existieron», señaló el radical Ricardo Alfonsín.
Por su parte, la diputada por Corrientes del Movimiento Evita, Araceli Ferreyra, señaló que «queremos listas que nos digan dónde están nuestros desaparecidos, los menores apropiados que aun nos faltan y cuáles fueron las responsabilidades civiles y eclesiásticas. No hay reconciliación con eso, por eso seguimos diciendo nunca mas». «Acá hay que poner un punto final a este tipo de maniobras para que el Nunca Mas no vuelva a ser afectado por un fallo de esta naturaleza», continuó Ferreyra.
Oscar Martínez, del Movimiento Solidario Popular de Tierra del Fuego, indicó que este fallo no es casual porque «no son sólo militares, también son civiles que tuvieron acuerdos y negociados, que entre otras cosas trajeron una fraudulenta deuda externa, con los que hoy ocupan la casa de gobierno y distintos despachos».
Además de la media sanción de la ley que se logró en Diputados, varios bloques solicitaron que se votara un pedido de juicio político a los tres jueces de la Corte, aunque no se logró. Uno de los impulsores de este pedido fue el legislador del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola. «Si somos un millón de argentinos en la manifestación en Plaza de Mayo, vamos a abrir el camino de la derrota de esta Corte, de este nuevo punto final y de esta operación de Estado», señaló Pitrola.
