El jefe de gabinete y vocero del gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, anunció este martes 30 de diciembre que cerrará la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y que sus funciones quedarán bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones, quien está cuestionado por el «fentanilo contaminado». Organizaciones del sector de la discapacidad calificaron la decisión como un «retroceso grave» que «atenta contra la vida de las personas con discapacidad, sus familias y su sistema de apoyos». La baja de la Agencia se da mientras el Gobierno traba la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y avanza la investigación judicial por presuntas coimas, en las que está implicado el ex funcionario Diego Spagnuolo y fue mencionada la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Adorni indicó que la Andis, creada en 2017, «acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente» y «provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios».
En contraste, el Foro Permanente de promoción de derechos de las personas con discapacidad en marcó esta medida en el «avance del Gobierno nacional en la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad» y respecto a la decisión de reducir esta agencia a un área dentro del Ministerio de Salud, subrayaron que «la discapacidad no es solo una cuestión sanitaria» y que «requiere una mirada integral y social, que incluya educación, trabajo, transporte, accesibilidad y apoyos para una vida autónoma».
En rigor, plantearon desde el Foro que «la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad implica volver al modelo médico, vulnera la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y desoye años de lucha colectiva del movimiento de personas con discapacidad y sus organizaciones».
En la misma línea, desde la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) remarcaron que «la Andis permite que las personas con diversos diagnósticos accedan a derechos, tratamientos de alto coste, medicamentos esenciales para vivir» y que, precisamente, esta oficina era la encargada de construir políticas para el colectivo de las personas con discapacidad a nivel nacional y de manera transversal.
«Este tipo de decisiones no solo significan un retroceso en materia de derechos humanos, sino un gesto antidemocrático, ya que es otra forma de no cumplir con la ley de Emergencia en Discapacidad», agregaron desde la ATI, develando que lo que busca el gobierno de Javier Milei es que Andis «pierda todo tipo de autonomía y capacidad de gestión, relegando a la Discapacidad a un problema meramente de salud».
