A través de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el presidente Alberto Fernández dispuso la prohibición, por 60 días de los despidos y suspensiones «sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor».
Con esta medida, el gobierno nacional pretende «evitar agravar en mayor medida los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio procura remediar». Se enmarca en la serie de decisiones políticas con las que se intenta paliar el impacto económico y social de la pandemia del Coronavirus.
«Resulta indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social (…) ello sólo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales», expresa la fundamentación del DNU.
En el artículo 4°, el DNU subraya que «los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto (…) no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales».
Con el número 326/2020, Alberto Fernández decretó también la creación de un Fondo de Afectación Específica que facilite el acceso a «prestamos para capital de trabajo, por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas inscriptas en el Registro de Empresas MiPyMES contemplado en el artículo 27 de la Ley Nº 24.467».
Las MiPYMES podrán utilizar estos préstamos para «garantizar el repago de los préstamos para capital de trabajo, incluyendo pagos de salarios, aportes y contribuciones patronales, y cobertura de cheques diferidos».
FUENTE: TÉLAM
