Así lo estimó la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (Cnct) a través de un comunicado de prensa. El consejo, creado a través del art. N° 4 de la Ley de Emergencia Social, aprobada en diciembre del año pasado, comenzará a funcionar desde este martes.
A razon de la apertura del Consejo de la Eeconomía Popular y el Salario Social, nacido del seno de la Ley de Emergencia Social, desde la Cnct exigieron «no solo la participación activa dentro del consejo, sino también que su convocatoria sea más amplia y abarcativa porque está claro que todas las demandas sociales del campo popular no se pueden sintetizar solamente en la representación de tres organizaciones que, como si fuera poco, son elegidas a dedo por aquellas que tienen mejor y más fluido diálogo con el gobierno nacional».
Resulta que según la ley aprobada el año pasado, se explicita que este consejo estará integrado por tres representantes de organizaciones inscriptas en el Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas y tres representantes del gobierno nacional. «Hasta el día de la fecha, la CNCT no ha podido inscribirse en el Registro mencionado a pesar de haber hecho la presentación pertinente», indicaron desde el sector cooperativo.
Ante ello, insistieron: «Este consejo debe tener la legítima representación de los trabajadores y trabajadoras cooperativistas del país. Por eso, exigimos una participación activa y una convocatoria más ampliada y abarcativa para ocupar estos lugares».
Comunicado de la Cnct
El 14 de febrero tendrá funcionamiento el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social, creado a través del art. N° 4 de la Ley de Emergencia Social, aprobada en diciembre del año pasado. En dicha ley además se explicita que este consejo estará integrado por tres representantes de organizaciones inscriptas en el Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas y tres representantes del gobierno nacional.
Ante esta información que es de público conocimiento, nos vemos en la obligación de exigir no solo la participación activa dentro del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social, sino también que su convocatoria sea más amplia y abarcativa porque está claro que todas las demandas sociales del campo popular no se pueden sintetizar solamente en la representación de tres organizaciones que, como si fuera poco, son elegidas a dedo por aquellas que tienen mejor y más fluido diálogo con el gobierno nacional.
La emergencia social no la marca un solo sector. La transferencia de recursos de los sectores asalariados hacia el capital concentrado que está llevando adelante el gobierno con medidas totalmente antipopulares como el aumento de las tarifas de servicios públicos, la importación indiscriminada a precios irrisorios de productos que fabrican nuestras cooperativas, la caída de la demanda de obra pública y privada, sumada a la inflación de precios en productos de la canasta básica, hace que estemos atravesando un conflicto social determinante, como gran parte de la sociedad y por eso hacemos explícitos nuestros reclamos. Sin embargo y a pesar de que el gobierno todos los días se jacta de impulsar y abrir canales de diálogo con todo el arco social y político, hasta el día de la fecha, la CNCT no ha podido inscribirse en el Registro mencionado a pesar de haber hecho la presentación pertinente.
80 mil trabajadores y trabajadoras cooperativistas a lo largo y ancho del país, un desarrollo significativo en cada una de las provincias argentinas donde se nuclean empresas recuperadas, redes sectoriales, y miles de cooperativas nuevas y tradicionales que se especializan en diversos trabajos; además de una orgánica de funcionamiento totalmente democrática, son algunos de los factores que convierten a la CNCT en la única institución gremial de tercer grado con la suficiente representación y legitimidad para tener voz y voto en este consejo.
El Consejo de la Economía Popular y el Salario Social no puede dirimirse entre tres organizaciones elegidas por el gobierno. Este consejo debe tener la legítima representación de los trabajadores y trabajadoras cooperativistas del país. Por eso, exigimos una participación activa y una convocatoria más ampliada y abarcativa para ocupar estos lugares.
