Entrevistada por la Radio Tortuga 92.9, Verónica Antunes, directora de uno de los servicios de la Fundación Espacios e integrante de la comisión directiva de la Cámara de Prestadores en Discapacidad (Capredis), se refirió a la medida de fuerza que sostiene el sector para visibilizar el daño que están sufriendo usuarios y sus familias, trabajadoras y trabajadores e instituciones por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, atrasos en los pagos y las actualizaciones de los aranceles y la falta de escucha comprometida del Gobierno Nacional a los requerimientos más urgentes.
Capredis, la Mesa de Trabajo en Derechos Humanos y Discapacidad, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) y la Federación Converger suscribieron un documento en el que dan cuenta de las dificultades que atraviesa el sector y la manera en que en la provincia de Córdoba se pliegan al paro de actividades del 13, 18 y 19 de marzo impulsado a nivel nacional por las organizaciones que integran el Foro Permanente de Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Advierten las organizaciones que si colapsa el sistema de atención miles de personas pierden su atención, cierran instituciones, trabajadores pierden sus empleos y las familias se quedan sin acompañamiento.
En cuanto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada y ratificada con amplias mayorías por el Congreso, tras un veto presidencial, advirtió Verónica Antunes que está trabada en su reglamentación, con vacíos que vuelven abstracto su cumplimiento.
Detalló al respecto: «La Ley de Emergencia en Discapacidad, que pasó tantas instancias y que incluso el Gobierno Nacional judicializó, ahora debe ser reglamentada. En la reglamentación empezaron a aparecer vacíos para su cumplimiento. Hay partes de la Ley que directamente no se están cumpliendo, como la de las pensiones no contributivas, y en relación a los prestadores, se les da la posibilidad de que mediante un trámite muy complejo gestionen y soliciten una compensación parcial en relación a los honorarios que no se aumentaron en 2024 y 2025. Tenemos que subir toda la facturación de 2024 y un montón de información en un Excel, el Gobierno Nacional va a analizar si realmente estábamos por debajo, primero el Ministerio de Salud y luego el Ministerio de Economía, y ahí van a decidir qué corresponde compensar. Todo eso, si se llega a dar en algún tiempo para lo que no tenemos plazo todavía, a su vez no va a pasar a formar parte del valor base desde el cual se calculan los aumentos según inflación. Entonces, en definitiva, va a ser una compensación única o bono. Eso hace que el sector siga en una situación muy compleja».
RADIO TORTUGA (RT): Más allá de la diversidad existente en el sector, ¿la pérdida en promedio de cuánto es para un trabajador de discapacidad?
VERÓNICA ANTUNES (VA): Estamos por lo menos un 40% por debajo de lo que debe ser un arancel mínimo ético.
RT: ¿Qué implica para un trabajador o trabajadora tener estos aranceles? ¿De qué manera impactan estos retrasos?
VA: En lo diario, todas las instituciones tuvimos que hacer ciertos recortes o ajustes que van en detrimento de lo que uno quiere brindar como apoyo a las personas con discapacidad. Hay instituciones que han tenido que cerrar servicios. Pero particularmente el profesional que trabaja en discapacidad sostiene a las instituciones y las prestaciones porque tiene un perfil de mucha resiliencia, de mucho compromiso en relación a la ética. Sostiene, pero va disminuyendo su propia calidad de vida. En lo concreto, un profesional si trabaja particular hoy puede cobrar una consulta un mínimo ético de 30 mil pesos y si trabaja en discapacidad la cobra 12 u 11 mil pesos o menos. El profesional que trabaja en discapacidad tiene en general una capacidad de perseverancia y una motivación para seguir sosteniendo, porque detrás de esto hay mucha convicción sobre lo que significa sostener derechos.
RT: ¿Y cómo impacta el déficit en las personas con discapacidad y sus familias?
VA: No toda persona con discapacidad cobra una pensión, pero aquellas que las cobran ven que sus ingresos se ven licuados o disminuidos. No les sacan las pensiones, pero les licúan los ingresos, así que se ven perjudicados de esta manera. Por otro lado, las personas con discapacidad que cobran pensiones son aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, porque no tienen otros ingresos. Y las personas que no cobran pensiones se ven afectadas porque algunas instituciones han hecho recortes en la cantidad de sesiones que se brindan, algunas no les pueden dar el desayuno a las personas con discapacidad. Y en el ámbito de la inclusión escolar, también las escuelas transitan situaciones de gran complejidad por otros factores. Todo eso afecta a la persona con discapacidad.
RT: El sector de la discapacidad se viene movilizando hace mucho y no es con este gobierno la primera vez que sale a la calle. En este caso, ¿qué es lo que ha agravado la situación?
VA: El primer punto de inflexión con este gobierno surgió cuando en una resolución para realizar las auditorías en las pensiones aparecen las palabras «idiota» e «imbécil». Algunos pensamos que podría tratarse de desconocimiento. Ahí arrancó, porque cuando intentamos propiciar el diálogo, el gobierno se cerró. Surgió la propuesta de la ley de Emergencia y nuestra convicción fue real. Seguimos todas las instancias legales correspondientes e hicimos las manifestaciones que correspondían para visibilizar esta situación con las herramientas que la democracia nos da. Fue muy desgastante. Hoy desde Capredis estamos propiciando una nueva instancia de diálogo. ¿Es desconocimiento, es un posicionamiento, qué es lo que está pasando que no se entiende que se está precarizando a un sector que no le modifica tanto al PBI de la Nación y al mismo tiempo requiere de tantas redes para funcionar?
Indicó Antunes que el desprestigio impulsado por el Gobierno hacia el sector, con la desconfianza respecto de la manera en que se otorgan las pensiones por discapacidad, «caló profundo» incluso en profesionales del sector y en usuarios y mismas familias. Empero, planteó que en la realidad no se han comprobado muchas de las sospechas desperdigadas: «Trabajo en una institución con más de 400 usuarios y no hay ni un certificado trucho«.
Remarcó la profesional que al sector lo sostiene «la convicción de que los derechos de las personas con discapacidad son ley nacional e internacional y tienen que ser protegidos; no siempre nos ponemos de acuerdo con las familias y los trabajadores, pero lo bueno de las instituciones es que tenemos el diálogo como herramienta de construcción«.
Hacia adelante, alertó que «si esto no cambia, van a seguir cerrando instituciones que no se van a poder sostener«.
