El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba presentó este lunes 17 de febrero una acción de amparo preventiva y una medida cautelar de no innovar en la Cámara Contencioso Administrativo de Córdoba, con el interés de impedir el avance de la iniciativa del Gobierno de la Provincia, que pretende convertir a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) en sociedad anónima.
En una conferencia de prensa encabezada por el secretario General del gremio, Jorge Molina Herrera, y el abogado Miguel Rodríguez Villafañe, se remarcó que la iniciativa del Gobierno «abre el juego a inversores privados», lo que devendría en la probable venta y división de la empresa, pérdida de puestos de trabajo y del Convenio Colectivo de Trabajo, desinversión, mala calidad del servicio y cortes prolongados y masivos, y tarifas dolarizadas.
Asimismo, destacaron que el 99% de los trabajadores se oponen a la conversión de la EPEC en sociedad anónima, según lo relevado en las asambleas internas.
«Presentamos un amparo preventivo, porque estas son cosas que tienen que discutirse socialmente y no meterlas por la ventana; no hay posibilidad de vida digna sin acceso a la energía eléctrica», explicó Rodríguez Villafañe en la conferencia de prensa.
Según reveló La Nueva Mañana, desde Luz y Fuerza aseguran que el personal concibe «a la energía eléctrica como un recurso esencial y estratégico, pero también como un derecho humano irrestricto»; y que por ello la EPEC debe ser administrada por el Estado, ya que «garantiza un servicio eficiente que goza del amparo de la Constitución y de tratados internacionales, que están siendo violentados por el DNU 70/2023 que lesiona el principio de progresividad».
Luz y Fuerza de Córdoba solicitó la inconstitucionalidad de los artículos 33 y 34 de la ley provincial 11.015 (modificaciones al Código Tributario, Decreto promulgatorio 379/2024), como así también del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 sobre el que se fundan los artículos de la Ley 11.015.
Desde la Provincia habían manifestado que la idea de convertir a la empresa en una sociedad anónima se enmarcaba en la adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023), que establece que a nivel nacional el Estado debe desprenderse de las empresas que tiene a su cargo.
«El DNU de Milei es nulo de nulidad absoluta e insanable, porque no ha sido aprobado por el Congreso de la Nación como lo requiere nuestra Constitución. Por un lado, ha sido invalidado por el Senado y lamentablemente hace un año no tiene tratamiento en la Cámara de Diputados. Es por eso que EPEC como sociedad anónima carece de seguridad jurídica, no otorgando estabilidad para el sostenimiento del servicio», expresaron desde el sindicato.
En la citada conferencia de prensa, Rodríguez Villafañe defendió el carácter social de EPEC: «La sociedad anónima tiene que competir en el mercado como una empresa más. La sociedad anónima por definición tiene ánimo de lucro y EPEC tiene por objetivo brindar el mejor servicio a menor costo».
Fuente: La Nueva Mañana
