Tras movilizarse a los tribunales provinciales en la mañana del jueves 28 de julio en contra de la «persecución y desalojos», la Mesa de Organizaciones, Comunidades Indígenas y Asambleas Socioambientales de Córdoba emitió un comunicado en el que interpela al Poder Judicial de la provincia.
En el texto, tras realizar un diagnóstico general sobre la “gravísima situación” que atraviesa la provincia de Córdoba, a través de 20 exigencias, la Mesa detalla diversas problemáticas socioambientales, entre las que se citan algunas del Valle de Paravachasca: el desmonte que acarrea la construcción de la autovía de la ruta 5, las consecuencias de la exposición a las fumigaciones con agroquímicos en Dique Chico, la contaminación ambiental tras la tragedia de la planta de tratamiento de residuos peligrosos Taym y el alambrado que impide el acceso público al arroyo Los Paredones, a un costado del country Potrerillo de Larreta.
A través de esta misiva, el cónclave de organizaciones denuncia públicamente “la sistemática violación de la Justicia de Córdoba de compromisos y convenios internacionales, leyes y principios constitucionales que garantizan derechos ambientales y protección a los derechos humanos fundamentales y, en particular, a los defensores ambientales”.
A su vez, repudian el “accionar ilegítimo de gran parte de los funcionarios judiciales, que agreden y niegan el orden ambiental y de derechos humanos vigentes, en desmedro de los bienes comunes y de los derechos e integridad de los y las defensores/as ambientales, en evidente beneficiando de los poderes económicos y políticos ecocidas”.
Denuncian el “irrazonable plazo de tratamiento y resolución de las causas” y el “recurrente ‘cajoneo’ de amparos ambientales que “deberían ser resueltos de manera urgente” y, sin embargo, “permanecen por años sin tratamiento”. con consecuencias. Advierten que esto genera daños irreparables sobre la vida, la salud individual y pública y el ambiente, con consecuencias para las generaciones futuras.
Particularmente, citan el caso de las autovías de Punilla y Paravachasca: “La falta de resolución de los Amparos está posibilitando en estos días la destrucción masiva del bosque nativo en zonas rojas, el desalojo de personas de sus tierras, la destrucción de sitios arqueológicos, la intervención sobre cuencas hídricas vitales y la violencia y criminalización creciente de defensorxs ambientales”.
Comunicado completo
JUECES y FISCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,
BASTA DE INJUSTICIA SOCIOAMBIENTAL!
NOS UNEN LAS CAUSAS, LAS BRONCAS Y LAS URGENCIAS!!
Desde la Mesa de Organizaciones, Comunidades Indígenas y Asambleas
Socioambientales de Córdoba solicitamos a la Justicia de Córdoba la urgente atención y
resolución JUSTA de las causas ambientales.
Denunciamos públicamente la sistemática violación de la Justicia de Córdoba de
compromisos y convenios internacionales, leyes y principios constitucionales que garantizan
derechos ambientales y protección a los derechos humanos fundamentales y, en particular,
a los defensores ambientales.
Expresamos públicamente nuestro repudio al accionar ilegítimo de gran parte de los
funcionarios judiciales, que agreden y niegan el órden ambiental y de derechos humanos
vigentes, en desmedro de los bienes comunes y de los derechos e integridad de los y las
defensores/as ambientales, en evidente beneficiando de los poderes económicos y políticos
ecocidas.
En primer lugar, denunciamos el irrazonable plazo de tratamiento y resolución de las
causas. Particularmente preocupante resulta el recurrente “cajoneo” de los Amparos
Ambientales, que según su naturaleza jurídica deberían ser resueltos de manera urgente y,
sin embargo, permanecen por años sin tratamiento; sin el dictado de medidas cautelares ni
resoluciones de fondo. Permitiendo así, de hecho, el avance de acciones violatorias a los
derechos ambientales y a los derechos humanos fundamentales, con consecuencias
irreparables sobre la vida, la salud individual y pública y el ambiente, con consecuencias
para las generaciones futuras.
Es central en este sentido la falta de resolución urgente y dictado de medidas cautelares de
Amparos presentados por la construcción ilegal de las Autovías de Punilla y Paravachasca.
La falta de resolución de los Amparos está posibilitando en estos días la destrucción
masiva del bosque nativo en zonas rojas, el desalojo de personas de sus tierras, la
destrucción de sitios arqueológicos, la intervención sobre cuencas hídricas vitales y
la violencia y criminalización creciente de defensorxs ambientales.
Resultan sumamente condenables los cada vez más recurrentes actos de violencias física y
amedrentamiento contra defensores ambientales y pobladores locales, perpetrados por la
fuerza pública provincial en el marco del avance de las autovías.
Ante esta grave situación, la administración de Justicia de Córdoba, no ha hecho lugar a los
Habeas Corpus presentados por vecinos agredidos y amenazados los días 6 y 10 de mayoEste abandono de las personas por parte de la Justicia ha dado vía libre al actuar
ilegítimo y criminal de la fuerza policial que ha arremetido en medio de la noche contra
defensores ambientales y habitantes de la zona que intentan desalojar y despojar de sus
tierras y viviendas.
ANTE ESTA GRAVÍSIMA SITUACIÓN EXIGIMOS:
LA URGENTE RESOLUCIÓN DE LOS AMPAROS CONTRA LAS AUTOVÍAS
AJUSTADOS AL DERECHO AMBIENTAL VIGENTE.
SE INVESTIGUE, JUZGUE Y CONDENE A LOS RESPONSABLES DE LA
VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA HABITANTES DE LOS VALLES DE
PUNILLA Y PARAVACHASCA.
LA URGENTE ADMISIÓN DE HABEAS CORPUS.
ORDENAR EL URGENTE CESE DE LA OBRA VIAL.
ORDENAR MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN A ZONAS ROJAS DE
BOSQUE NATIVO, SITIOS DE VALOR ARQUEOLÓGICO, CUENCAS HÍDRICAS,
VIVIENDAS Y TERRITORIOS DE SUBSISTENCIA DE POBLADORES LOCALES.
Sin embargo, por otra parte, la justicia respondió rápidamente un “Amparo” privado y aplicó
una medida cautelar para permitir que productores rurales sigan fumigando con agrotóxicos
al lado de las viviendas en Dique Chico, violando las ordenanzas de la Comuna y afectando
directamente la salud de las personas. La apelación a esta medida, presentada por lxs
afectados lleva más de un año sin respuesta. En tanto, las denuncias de lxs vecinxs de
Dique Chico por contaminación con agrotóxicos no han sido atendidas.
SOLICITAMOS LA URGENTE PROHIBICIÓN DE LAS FUMIGACIONES CON
AGROTÓXICOS EN DIQUE CHICO Y TODAS LAS COMUNIDADES AFECTADAS.
ATENCIÓN Y RESARCIMIENTO A TODOS LOS AFECTADOS POR
AGROTÓXICOS.
Otra situación irregular, se presenta cuando algunos jueces dictan medidas cautelares de
protección ambiental pero no controlan ni hacen cumplir las medidas dejando consumar
daños ambientales. Como en el caso de la Empresa desarrollista Ticupil S.A. en la cuenca
media alta de la zona de Candonga que tiene medida auto satifactiva a favor de los vecinos
pero la construcción de casas sigue avanzando.
SOLICITAMOS LA URGENTE ELEVACIÓN DE LA CAUSA A JUICIO DEL EX
SECRETARIO RAÚL COSTA POR EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN 1200/10
QUE AUTORIZÓ EL EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO EN LA ZONA DE
CANDONGA POR PARTE DE TICUPIL S.A.
EXIGIMOS EL DICTADO DE LA MEDIDA CAUTELAR, SOLICITADA EN SEIS
OPORTUNIDADES POR LA ASOCIACIÓN CIVIL MONTE VIVO, ANTE EL
AVANCE DE DIFERENTES EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN ZONA
ROJA DE BOSQUE NATIVO Y DE LA RESERVA HÍDRICA Y NATURAL
MUNICIPAL SALSIPUEDES.
SOLICITAMOS SE ORDENE LA SUSPENSIÓN DE TODA OBRA DE APERTURA
DE CAMINOS, INTERVENCIÓN EN LA COBERTURA VEGETAL, DESMONTES
Y/O MOVIMIENTOS DE SUELO, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA O VIVIENDAS U OTRAS ACCIONES QUE PUDIEREN
AFECTAR EL AMBIENTE EN LA ZONA DE VILLA SILVINA Y VILLA GIANINI
(LOTEO SAN MIGUEL) DE LA CIUDAD DE SALSIPUEDES, REALIZADAS O A
REALIZARSE A INSTANCIAS DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS O
INFORMES CUYA ILEGITIMIDAD Y ARBITRARIEDAD SE DENUNCIA.
SOLICITAMOS URGENTE RESOLUCIÓN DEL AMPARO POR MORA EN LA
ADMINISTRACIÓN EN CONTRA DE LAS COMUNIDADES REGIONALES DE
TRASLASIERRA POR EL ACUEDUCTO QUE LLEVA ESE NOMBRE.
SOLICITAMOS ACCIONES URGENTES PARA DICTAR CUANDO NO SE HAN
DICTADO, HACER CUMPLIR LAS MEDIDAS CAUTELARES Y EVITAR MAYORES
DAÑOS SOCIOAMBIENTALES; Y ORDENAR Y HACER CUMPLIR LA
REMEDIACIÓN DE LOS TERRITORIOS AFECTADOS POR ESTAS PRÁCTICAS
ILEGALES.
En el mismo sentido, las causas penales por daños ambientales son simplemente
“cajoneadas” o entrampadas por un exceso ritual manifiesto, que observando sólo lo formal,
nunca atiende a lo substantivo, la protección de la vida, la salud y el ambiente sano como
derechos. Burocracia absurda que, luego de admitir todas las dilaciones posibles y demorar
irracionalmente los tiempos de resolución de los recursos; simplemente da por prescripta la
causa. Ello ha llevado a que en el Caso Barrio Ituzaingó Anexo, contra la contaminación con
agrotóxicos, luego de 18 años de acciones judiciales, gran parte de las y los damnificados
que iniciaran las acciones fallecieran. Y quienes sobrevivieron, nunca llegaron a recibir
resarcimiento por el daño perpetrado por la acción criminal constatada judicialmente de
productores y fumigadores.
Es el caso también de la causa por contaminación con residuos peligrosos generada por la
empresa del grupo Roggio, Taym S.A., que en 2017 contaminó con desechos tóxicos el
agua que bebe medio millón de cordobeses, el canal de riego del cinturón verde, las tierras
cultivadas de campos vecinos, las napas subterráneas. A pesar de la gravedad del hecho y
de toda la prueba producida; aprovechando el encierro, desmovilización y “distracción” por
la pandemia, simplemente la dieron por prescripta y exoneraron a los únicos dos imputados.
Además, la Fiscalía Anticorrupción archivó, también en pandemia y sin fundamentos
válidos, la investigación sobre las responsabilidades de los funcionarios públicos en dicho
desastre ambiental.
Lejos de exigir a la empresa Taym remediación y resarcimiento por los daños permanentes
causados al ambiente, por el enorme pasivo ambiental legado a nosotros y a las próximas
generaciones, el Gobierno Provincial a cargo del gobernador Juan Schiaretti le otorgó a
Roggio la licitación de parte de la autovía en Punilla; siendo en el presente una de las
empresas que devastan el exiguo monte nativo que nos queda, afectan las cuencas
hídricas, destruyen sitios arqueológicos, y violentan a defensores ambientales.
SOLICITAMOS LA DESESTIMACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA CAUSA
TAYM Y SU URGENTE ELEVACIÓN A JUICIO.
SOLICITAMOS EL DESARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS VINCULADOS AL DESASTRE DE TAYM.
SOLICITAMOS SE EXIJA LA REMEDIACIÓN DE LOS SITIOS CONTAMINADOS
DE MANERA URGENTE COMO ESTABLECE EL ARTÍCULO 41 DE LA
CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EL RESARCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS POR EL
DAÑO Y PASIVO AMBIENTAL GENERADO POR LA EMPRESA TAYM S.A.
(GRUPO ROGGIO) Y DEMÁS RESPONSABLES DE CASOS DE
CONTAMINACIÓN.
Otra situación que atenta contra el orden jurídico y los derechos de ciudadanos y
comunidades en Córdoba es el trato que reciben las comunidades indígenas en la provincia.
En los procedimientos se desconoce el derecho constitucional de los pueblos pre-existentes
al Estado nacional, la ley de emergencia territorial N° 26.160 y el convenio de 169 de la la
OIT, ratificado por ley del Congreso de la Nación N° 24.071; en beneficio de intereses
privados, de particulares que acaparan miles y miles de hectáreas para sus negocios
multimillonarios.
SOLICITAMOS EL EFECTIVO RECONOCIMIENTO DE LOS LEGÍTIMOS
DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS A SUS TERRITORIOS Y LA
CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA.
SOLICITAMOS LA URGENTE REACTIVACIÓN DE LAS DENUNCIAS PENALES
INICIADAS EN JESUS MARIA EN CONTRA DE CANTEREROS Y
FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN SIERRAS CHICAS.
SOLICITAMOS SE INVESTIGUE, JUZGUE Y CASTIGUE A LOS CULPABLES DE
HECHOS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL COMETIDOS CONTRA LA
COMUNIDAD DE PLUMA BLANCA.
Por otra parte, la justicia de Córdoba ejerce prácticas arbitrarias que limitan el acceso de los
ciudadanos a la justicia. Por una parte, negando el derecho de los afectados a participar
como querellantes o terceros interesados en las causas; como en el caso de la decisión del
Juzgado de Primera Instancia de Alta Gracia, confirmada por la Cámara Civil de 9na
Nominación de Córdoba, que deja afuera a la organización Todxs por Nuestros Arroyos
del expediente del Country El Potrerillo de Larreta en donde se debate la ilegalidad del
cercamiento del arroyo Los Paredones por parte del country en Alta Gracia. O bien,
exigiendo tasas de justicia o imponiendo costas a los defensores ambientales que litigan
para proteger bienes colectivos.
EXIGIMOS SE RESPETE EL DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA DE TODOS
LOS CIUDADANOS GARANTIZANDO SU PARTICIPACIÓN Y LA GRATUIDAD DE
LOS PROCESOS DE CARÁCTER AMBIENTAL.
Es para todxs evidente que mientras funcionarios y empresas avanzan implementando
decisiones con la fuerza policial sobre los derechos y bienes de personas en la
construcción de las autovías de Punilla y Paravachasca, la Administración de Justicia no
resuelven los amparos presentados hace años y criminaliza a los defensores ambientales.;
Es evidente que, mientras los responsables de contaminar con residuos peligrosos un
territorio inmenso son exonerados por la supuesta prescripción de la causa; los que
desmontan en zonas prohibidas, amenazan y violentan a comunidades indígenas y a
defensores ambientales, los mineros que encierran a un pueblo entero como en el caso de
Casa Bamba, los empresarios del bioetanol, PORTA HNOS. que contaminan y enferman a
los barrios en el sur de Córdoba y los que fumigan al lado de las viviendas, jamás son
investigados; por el contrario, las personas que defienden el ambiente tratando de impedir
las fumigaciones, el desmonte, la destrucción de sitios arqueológicos, la destrucción y/o
contaminación de cuencas hídricas, son violentadas por las fuerzas de seguridad e
imputados por la justicia de Córdoba.
SOLICITAMOS LA DESIMPUTACIÓN DE LOS DEFENSORES AMBIENTALES Y
EFECTIVA APLICACIÓN DEL ACUERDO DE ESCAZÚ.
Por todo lo expuesto, solicitamos de manera urgente audiencia con el Fiscal General de la
Provincia y los jueces del Tribunal Superior de Justicia.
Córdoba, 28 de julio de 2022.
MESA DE ORGANIZACIONES, COMUNIDADES INDÍGENAS
Y ASAMBLEAS SOCIOAMBIENTALES DE CÓRDOBA
