El martes 3 de octubre, los fiscales Facundo Trotta y Carlos Gonella presentaron los alegatos en la llamada Causa de los Magistrados que juzga responsabilidad de funcionarios judiciales en el terrorismo de Estado durante la última dictadura. En diálogo con la Radio Tortuga 102.7, Trotta manifestó que buena parte de la Justicia Federal cordobesa garantizó los crímenes de lesa humanidad.
Los fiscales solicitaron para el ex secretario penal del Juzgado Federal número 1, Carlos Otero Álvarez, la pena de siete años de prisión por abuso de autoridad en 62 hechos y por omisión de dar cuenta a la autoridad competente de una detención ilegal. Para el ex juez Federal Miguel Ángel Puga y el ex fiscal Federal Antonio Cornejo, solicitaron penas de cinco años de prisión por los delitos de incumplimiento de la obligación de promover acción penal y abuso de autoridad. Y para el ex defensor oficial federal Ricardo Haro, solicitaron una pena de dos años de prisión en suspenso por la avanzada edad del imputado, por delitos de abuso de autoridad.
«Lo que pudimos probar en el juicio es que el terrorismo de Estado fue conocido por las autoridades judiciales», dijo el fiscal Facundo Trotta, quien se muestra confiado en que antes de fines de año se pueda conocer la sentencia de este proceso, fundamental en la investigación de las responsabilidades civiles en el terrorismo de Estado.
«No queda duda de que la mayoría de los integrantes de la Justicia tuvo conocimiento de estos crímenes», avanzó Trotta, explicando que su participación garantizando la impunidad fue indispensable para el cumplimiento de los ilícitos, al no investigaron ni juzgar a los responsables. Y sentenció que «el terrorismo de Estado contó con la connivencia, con la complicidad» de la mayoría de los magistrados de la Justicia Federal de Córdoba y destacó, en ese sentido, que fueron excepcionales los casos de los funcionarios judiciales que denunciaron crímenes de lesa humanidad y que por esa razón fueron perseguidos.
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