«El daño ya está hecho», afirma el Foro Permanente de Promoción de Derechos de Discapacidad en un mensaje en el que advierte que los atrasos en los pagos por parte de Incluir Salud, PAMI y obras sociales, derivados del incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, han generado consecuencias gravísimas en todo el sector. «Sin pagos no hay prestaciones», alertan.
Detallan que se registran sueldos impagos (en algunos casos, con hasta tres meses de atraso), aguinaldos sin abonar, imposibilidad de cumplir con aportes laborales, deudas con proveedores, trabajadores que no pueden sostener su asistencia laboral, endeudamiento para cubrir gastos básicos y prestadores que cierran, de forma temporal o definitiva.
«Este incumplimiento no se soluciona con pagos parciales o aislados. El daño es profundo y afecta directamente la atención de las personas con discapacidad«, alerta el Foro.
Asimismo, plantean que el daño que no logró generar el Gobierno con el veto de la Ley, aprobada con amplia mayoría del Congreso, se está produciendo mediante el desfinanciamiento; generando un sistema que se debilita hasta dejar de garantizar derechos.
En ese marco, concluyen que «el desfinanciamiento es una forma de vulnerar derechos humanos fundamentales como la salud y la educación«.
