Este miércoles 1° de octubre se llevará adelante una jornada federal de paro, concentraciones y clases públicas de prestadores, transportistas e instituciones que trabajan con personas con discapacidad, en repudio de la conducta dilatoria del Gobierno Nacional, que suspendió la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (aprobada y ratificada por ambas cámaras del Congreso), alegando razones presupuestarias. En Córdoba Capital la manifestación será a las 12 en Plaza San Martín. Mientras tanto, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad envió una carta a organismos internacionales para solicitar la atención y solidaridad del resto del mundo.
«Se publicó una Ley de Emergencia en Discapacidad que trajo esperanza, pero fue suspendida de inmediato, dejando a la deriva a todo el colectivo. Esto no es solo un retroceso, es una vulneración de derechos fundamentales«, denuncia una publicación, difundida en redes por diversos espacios que nuclean a trabajadoras y trabajadores del sector.
Acto seguido, le ponen nombres propios al reclamo, al afirmar que «detrás de esta crisis hay decisiones tomadas por personas designadas por conexiones políticas y no por capacidad, como lo demuestran los casos de Mario Lugones en el Ministerio de Salud y Alejandro Vilches en Andis, ambos bajo la influencia de Santiago Caputo«.
Mientras tanto, subrayan, «las familias están desbordadas: no hay acceso a terapias, transporte ni escuelas». En ese marco, demandan «respuestas concretas»: «Necesitamos que los responsables den la cara y expliquen qué están haciendo con el futuro de miles de personas«.
«Promulgar y suspender»
Desde Córdoba, la Cámara de Prestadores de Discapacidad (CA.PRE.DIS), la Federación Converger, la Asamblea de Trabajadores por la Inclusión (ATI) y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos emitieron un comunicado, titulado «Promulgar y suspender», en el que cuestionan la «estrategia autoritaria» del Poder Ejecutivo de suspender la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Afirman que esta decisión, a la que califican como «inconstitucional, autoritaria y arbitraria», es «una ofensa y un agravio más» hacia el sector y atenta contra los derechos de las personas con discapacidad y el sistema de apoyos.
Documento completo:
Promulgar y suspender
La estrategia autoritaria del poder ejecutivo que atenta contra los derechos de las personas con discapacidad y el sistema de apoyos.
El 22 de septiembre de 2025, el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial, el Decreto 681/2025, mediante el cual se promulga la Ley de Emergencia en Discapacidad pero, de manera contradictoria e inaceptable, suspende su ejecución hasta que el Congreso de la Nación defina la fuente de financiamiento.
Inmediatamente, el Poder Ejecutivo emitió la Decisión Administrativa N°24/2025 que ordena un incremento presupuestario para la Agencia Nacional de Discapacidad, a partir del 1° de octubre. Entre los considerando expresa: “…si bien, (…) la ley (de emergencia) se encuentra suspendida en su ejecución (…); el PODER EJECUTIVO NACIONAL readecuará los créditos presupuestarios necesarios de la Administración Pública Nacional para dar respuesta, a partir del 1° de octubre del corriente año, al reclamo de actualización formulado por los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.” El incremento fijado en esta norma, para la ANDIS es de $121.363.881.238.
Luego de esta publicación, al día de la fecha se desconoce el destino efectivo que tendrán de estos fondos. Es decir, no se conoce cómo se administrará, ni a quiénes beneficiará.
Aunque la norma menciona “el reclamo de actualización formulado por los prestadores” en el marco de la última Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) realizada la semana pasada, el interventor de la Agencia, Dr. Alejandro Vilches, manifestó desconocer cómo se distribuirán estos fondos.
Cabe aclarar que es el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad el órgano encargado de determinar los aumentos de aranceles para dichas Prestaciones. Este cuerpo está presidido por el Director de la ANDIS y lo integran representantes de distintos organismos del Estado Nacional (Ministerio de Salud, Superintendencia de Servicios de Salud, PAMI, etc.) y representantes de organizaciones de la sociedad civil y el COFEDIS. En este año, la ANDIS no ha convocado aún al directorio. El actual interventor fue consultado en la mencionada asamblea del Consejo Federal, y respondió que no fue aún convocado “por falta de sustento jurídico y necesidad de conocer impacto económico”.
El anuncio no sólo es ambiguo y confuso, sino sobre todo, insuficiente. Las demandas del colectivo que lograron plasmarse en la Ley de Emergencia no se limitan a un aumento puntual y determinado de manera arbitraria. Lejos de brindar una solución real, se parece más a un nuevo intento de dividir la lucha del colectivo con nuevas promesas de aumento. En cada una de las instancias del debate legislativo por la Ley de Emergencia, el Gobierno Nacional realizó anuncios por parte del Vocero Presidencial, (o dejó circular entre los medios de comunicación) de supuestos aumentos para las prestaciones que luego nunca se materializaron. Ahora avanzó un paso más, publicando en el Boletín Oficial esta reasignación presupuestaria, pero como fue expresado más arriba, sin explicitar el destino de esos fondos. No se sabe si serán para el Programa Incluir Salud, para el pago directo a determinados prestadores, para incrementar el Fondo Solidario de Redistribución o para otros gastos inespecíficos. En el caso que el destino de estos fondos sea finalmente una compensación de emergencia para prestadores, estará apenas empezando a cumplir con lo que la Ley plantea.
Toda esta falta de claridad y contradicciones se dan en un escenario de crisis sin precedentes que sólo se agrava día a día a pesar de la conquista histórica legislativa, desconocida por un gobierno que sigue transgrediendo los límites de la democracia.
Aunque la Ley de Emergencia no es una ley de fondo (declara el estado de emergencia hasta diciembre del próximo año) no se limita a brindar un aumento en condiciones de arbitrariedad y al contrario, brinda un atisbo de previsibilidad a un sector que lo demanda
imperiosamente.
En consecuencia, todo el colectivo repudia la manera en que se publicó la ley de emergencia en discapacidad:
● Rechazamos esta medida, que consideramos inconstitucional, autoritaria y arbitraria.
● Lo vivimos como una ofensa y un agravio más, después de meses agotadores de lucha, en los que defendimos un sistema de apoyos que la Argentina construyó con esfuerzo y que es reconocido como ejemplo en el mundo. Ley que pasó por todas las instancias parlamentarias y FUE APROBADA por amplia mayoría, pero que el gobierno insiste con no cumplir, destruyendo el sistema cada día un poco más.
● Sentimos que se intenta manipular a un colectivo que se ha mantenido unido y fuerte frente al atropello del gobierno.
● Defendemos honorarios dignos para quienes brindan apoyos a las Personas con Discapacidad, pero también defendemos que no se recorten de manera injusta y cruel las pensiones, y exigimos la compatibilidad laboral que establece la propia Ley.
Lo que enfrentamos es profundamente doloroso. Nos lastima y nos lleva a situaciones de extrema angustia, mientras seguimos sosteniendo con esfuerzo cotidiano los servicios y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.
Queremos que toda la sociedad sepa que no vamos a permitir que nos dividan ni que se aprovechen de la coyuntura. La emergencia es un estado de urgencia que permite al Estado tomar medidas extraordinarias para proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad. Seguiremos defendiendo los derechos conquistados y exigiendo la plena aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
NI UN PASO ATRÁS.
Comunicado presentado por el Foro a organismos internacionales
El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde 1997 impulsa acciones destinadas a la implementación de políticas inclusivas en la Argentina y a visibilizar las reiteradas vulneraciones de derechos que enfrenta esta población, desea poner en conocimiento de la comunidad internacional y de las organizaciones vinculadas la grave situación que actualmente atraviesa nuestro país.
Lamentablemente, el Gobierno encabezado por Javier Milei no ha impulsado políticas favorables para esta población. Desde el inicio de su gestión ha desplegado una campaña de estigmatización, vinculando a las personas con discapacidad con supuestas irregularidades en el otorgamiento de pensiones, según su propia consideración.
Este gobierno, con el objetivo de reducir el gasto público, ha intentado eliminar las pensiones no contributivas que, en los últimos 20 años, se otorgaron a personas con discapacidad en situación de pobreza, y no únicamente a quienes presentan una incapacidad laboral.
Esta intención quedó evidenciada en el proyecto de Presupuesto Nacional 2025, que finalmente no fue tratado en el Congreso de la Nación, donde se preveía la eliminación de 270.000 pensiones no contributivas. Como parte de esta estrategia, el Gobierno dispuso una reevaluación masiva de todos los titulares de dichas pensiones.
Esta auditoría ha sido fuertemente cuestionada a partir de numerosas denuncias de irregularidades, tales como: telegramas de convocatoria que nunca fueron recibidos; exigencias de estudios innecesarios o de difícil realización en los plazos fijados; citaciones en lugares inexistentes; turnos de atención en condiciones que no respetaban la situación de discapacidad de las personas; y bajas o suspensiones sin la debida notificación.
La baja o suspensión de aproximadamente 120.000 pensiones está siendo actualmente objeto de impugnaciones legales impulsadas por diversas organizaciones y por organismos gubernamentales de distintas provincias.
A esta situación se suma el atraso en la actualización arancelaria que padecen los prestadores de servicios para personas con discapacidad. Esta falta de actualización ha puesto en seria crisis al sistema de prestaciones básicas, regulado por la Ley 24.901, que obliga a obras sociales, empresas de medicina prepaga, al Estado y al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a garantizar la atención de aproximadamente 250.000 personas con discapacidad.
Durante 2024, el aumento de los aranceles de estos servicios se mantuvo por debajo del incremento del costo de vida en la Argentina. En lo que va de 2025, no se ha dispuesto ninguna actualización, a pesar de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya supera el 19% en el presente año.
El apoyo del Estado Nacional destinado a más de 6.000 trabajadores con discapacidad de los Talleres Protegidos se mantiene, desde febrero de 2023, en apenas $28.000 mensuales (equivalentes a aproximadamente 20 dólares estadounidenses).
La Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que contemplaba diversas medidas para dar respuesta a esta crítica situación, fue vetada por el Presidente de la Nación, Javier Milei. Posteriormente, el Congreso rechazó dicho veto y reafirmó la vigencia de la ley. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, aun habiendo promulgado la norma, ha suspendido su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento para cubrir los gastos que implica.
Cabe destacar que el Gobierno no ha presentado obstáculos para destinar recursos a otros fines, mientras que, frente a esta problemática, exige precisiones adicionales al Congreso, generando una dilatación injustificada en la ejecución de la ley.
Por todos estos motivos, albergamos la esperanza de que la comunidad internacional exprese su preocupación al Gobierno Argentino, recordándole la obligación que tiene con esta población. Confiamos en la solidaridad internacional para que esta situación encuentre una respuesta justa. Agradecemos su atención y quedamos a disposición para ampliar la información que consideren necesaria.
