El juez Adrián González Charvay, de Campana, Buenos Aires, que en diciembre había fallado obligando al gobierno de Javier Milei a implementar la dilatada Ley de Emergencia en Discapacidad, le recordó que el 4 de febrero vence el plazo para el pleno cumplimiento de la norma aprobada y ratificada por el Congreso. Asimismo, le impuso un plazo no mayor a cinco días para que informe los avances en torno del cumplimiento de esta disposición judicial.
La novedad fue celebrada por el colectivo de la discapacidad, que viene denunciando los atrasos en las actualizaciones de los nomencladores que estipulan los montos que cobran los profesionales y también las arbitrarias bajas en pensiones no contributivas y condiciones administrativas que obligan a espacios de abordaje de la discapacidad a cerrar sus puertas o generar indignos ajustes.
Desde el Foro Permanente de Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad remarcaron que «el fallo es claro, bajo apercibimiento de ley» y que «si el Estado no cumple, habrá sanciones y multas a los funcionarios responsables».
En ese marco, detallaron que el Estado deberá presentar lo siguiente: «La resolución que actualiza los aranceles a los prestadores desde enero 2025; el plan de pago de la compensación adeudada; la apertura del plan ARCA para la refinanciación de deudas; los nuevos valores de las prestaciones; y el decreto reglamentario de la Ley de Emergencia, con más de tres meses de demora».
