El juez Federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes hizo lugar a un pedido de los fiscales de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el Terrorismo de Estado y dispuso una medida de «no innovar», que determina que el Gobierno de Javier Milei no podrá poner a la venta los terrenos ubicados en Malagueño, en los cuales está situado el ex centro clandestino de detención conocido como «La Perla Chica».
Cabe recordar que días atrás, a través del Decreto 950, el Gobierno Nacional facultó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer, enajenar o transferir 309 inmuebles en todo el país; entre los cuales se encuentra una lonja en Malagueño, dentro de la cual se encuentra, además de «La Perla Chica», la Sociedad Rural, el Mercado Cooperativo San Miguel y numerosas viviendas, algunas de las cuales pertenecen a personal militar.
Entrevistado por LV16, el fiscal Facundo Trotta, que integra la citada Unidad Fiscal, junto a Carlos Gonella y María Laura Bazo Queirolo, precisó que tomaron conocimiento del Decreto del Poder Ejecutivo a través del Boletín Oficial y que al advertir que uno de los inmuebles comprendía a La Perla Chica, hicieron una presentación al juez Alejandro Sánchez Freytes, «haciéndole ver que todavía investigamos hechos cometidos en ese ex centro clandestino de detención y, en consecuencia, no podemos aceptar que exista la posibilidad de venderlo, porque podría afectar dichas investigaciones».
Destacó Trotta que la Ley 26.691 («Preservación, señalización y difusión de sitios de memoria del Terrorismo de Estado») protege a estos espacios de memoria de manera oficial. «La Ley impone el deber del Estado argentino para garantizar la preservación de esos sitios para facilitar las investigaciones judiciales y la memoria de lo acontecido durante la última dictadura», subrayó el fiscal, reforzando que «la Ley es contundente» en este sentido.
En ese marco, destacó que Sánchez Freytes hizo lugar a lo solicitado y explicó que dicha Resolución contempla la notificación a las autoridades pertinentes, de todos los ámbitos de gobierno local, provincial y nacional del alcance de las leyes de protección.
Consultado sobre la inversión que supone el sostenimiento del sitio de memoria «La Perla Chica», atendiendo al principal argumento que sostiene el Gobierno de Milei para poner a la venta los bienes del Estado, respondió Trotta, incorporando una reflexión respecto a la importancia de la Memoria, la Verdad y la Justicia: «No conozco en detalle el gasto que supone mantener un sitio, pero sí hay que tener en cuenta la trascendental tarea que tienen los sitios de memoria. Yo en La Perla dos o tres veces por año hago recorridos con estudiantes secundarios, que quedan impactados al tomar dimensión de lo que significaba para las víctimas del terrorismo de Estado, estar detenidos en un campo de concentración. Es absolutamente indispensable conservar la memoria para que no vuelva a pasar».
