En el marco del proyecto de investigación «Diagnóstico sobre el empleo público de personas con discapacidad, en dependencias de jurisdicción nacional, en la ciudad de Córdoba», el Observatorio Social Cultural para el Desarrollo Sostenible (OSCDS) detectó que el 70% de estas oficinas no cumple con la ley que exige un cupo laboral mínimo del 4%. Además, expuso barreras físicas, sociales y actitudinales, y planteó la urgencia de políticas inclusivas para garantizar el acceso equitativo al trabajo.
Uno de los entrevistados del proyecto de investigación afirmó al respecto: «Muchas veces se habla de la ley y el 4% y que no se cumple pero queda ahí. Se crea una expectativa que está muy lejos; me gustaría, pero estamos muy lejos«, según reveló una nota de lucas Viano de UNCiencia, en base al estudio académico.
La ley nacional 22.431 establece que los tres poderes del Estado nacional, además de los organismos descentralizados, autárquicos, entes públicos no estatales, empresas del Estado y empresas privadas concesionarias de servicios públicos deben asegurar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Sin embargo, ni las competencias laborales comprobables ni el cupo mínimo impiden que el 70% de los organismos relevados no cuenten con personas con discapacidad en sus planteles de trabajo.
El mencionado cupo exige ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
Desde 1992, cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de este grupo de personas y concientizar sobre el tema. Subraya la mencionada nota de UNCiencia que «esta investigación pone el foco en el derecho al empleo, uno de los problemas más graves que padecen las personas con discapacidad» y señala que «el trabajo espera realizar un análisis cualitativo en por lo menos 20 organismos en la ciudad de Córdoba» y destaca que hasta el momento se relevó al 50% de las instituciones incluidas en la muestra.
El trabajo está dirigido por Carla Saad y María Alejandra Sticca, investigadoras del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la UNC. El equipo cuenta con integrantes de la misma Facultad y de Psicología (coordinados por la docente Sabrina Sánchez).
«Realmente si ponés a trabajar a dos personas, una con discapacidad y una sin discapacidad, las habilidades pueden ser exactamente las mismas, incluso puede ser más hábil una persona con discapacidad que la que no lo tiene«, indica otro testimonio: en este caso de una encargada de personal de un organismo público.
Además de realizar una evaluación en dependencias de jurisdicción nacional en la ciudad de Córdoba, el trabajo elaborará un instrumento para replicar esa tarea en otras jurisdicciones. «Buscamos cooperar en la construcción de políticas públicas eficaces para el real cumplimiento del cupo laboral en el empleo público», señala Saad.
Según el último estudio estadístico oficial de Argentina (2018), hay 3.571.983 personas que tienen algún tipo de limitación física o intelectual. Esto implica que más del 25% de los hogares tiene al menos un integrante con esta condición. Su derecho a un trabajo es uno de los más vulnerados. Su tasa de actividad es más baja que la del resto de la población: sólo 35,9% de las personas en edad de trabajar están ocupadas o buscan trabajo activamente.
Esto no se debe sólo a su condición sino a la falta de oportunidades educativas y laborales. A su vez, 10,3% de estas personas no consigue trabajo, un valor que en 2018 también era superior al del resto de la población activa. Estos valores promedio ocultan además desigualdades que perjudican aún más a mujeres y jóvenes.
El relevamiento realizado para el proyecto detectó algunas de las barreras que limitan el empleo de las personas con discapacidad. Las más conocidas son las físicas: problemas edilicios, rampas. Pero se destacan también otros tipos de barreras como las actitudinales, tanto en las organizaciones como en el público usuario de los servicios. Como señaló una persona de apoyo de un trabajador con discapacidad intelectual: «Hay personas que no los reconocen como trabajadores y piden ser atendidos por otra persona».
Otras barreras son sociales y programáticas, al aplicar otros criterios perjudiciales para estas personas, como restricciones etarias o el desajuste entre las competencias y el diseño de los puestos de trabajo.
Frente a estas barreras, la gente entrevistada esboza algunas posibles soluciones, como trabajar proactivamente para «hacer accesibles los edificios desde cero cuando los están construyendo». O sumar acompañante terapéutico cuando la persona con discapacidad comienza a trabajar; además de un equipo soporte que pueda interceder ante conflictos, entre otras iniciativas.
Imagen de portada: talleres de oficios de Apadim, en donde personas de todas las edades participan de experiencias que las preparan para el mundo laboral.
Fuente: Lucas Viano / UNCiencia / Secretaría de Ciencia y Tecnología – UNC
Fotos: Apadim vía UNCiencia
