Luego del anuncio presidencial sobre restricciones, organizaciones de inquilinos de todo el país, piden medidas urgentes para la situación que atraviesan miles de familias, que se encuentran alquilando y que se les hace imposible afrontar un aumento o mudanzas en término en los próximos meses. Radio Tortuga 92.9 dialogó con Maximiliano Vittar, miembro de Inquilinos Córdoba, quien se refirió al reclamo.
Según expresaron desde la organización, hay una necesidad de adquirir herramientas económicas y legales para poder sostener el impacto económico que genera no tener ingresos, producto de la restricción para actividades laborales, que fueron afectadas por las medidas sanitarias y la complejidad que ocasiona la prohibición de circulación, tanto para buscar una nueva vivienda o dejar la actual: «Venimos insistiendo sobre la necesidad de disponer de medidas paliativas, frente a las situación tan compleja de la segunda ola. La decisión del Ministro Jorge Ferraresi de no prorrogar el decreto nacional sobre alquileres y no brindar ningún tipo de respuesta ante lo que sería el desenlace de este decreto», enfatizó Maximiliano Vittar al aire de Que No se Te Escape.
Uno de los puntos principales del reclamo, tiene que ver con el pedido de prorroga automática de contratos de alquiler, por lo menos hasta el 1 de julio: «Nosotros creemos que va a ser difícil para las familias, hay falta de control desde el estado en el mercado inmobiliario, eso ha generado que nos empuje a enfrentarnos a aumentos entre un 40 y 120% en renovaciones. Además no se pueden hacer mudanzas por la circulación. Con lo cual si entrega a partir del primero del día hábil se te quiere cobrar el otro mes. Por eso se debería prorrogar estos contactos sin costo ni cargo», explicó.
También desde la organización, creen que sería útil una línea de créditos para familias que alquilan a taza cero. Que les permita salir de las deudas, sin intereses: «El crédito sería para solucionar esto y les daría tranquilidad a la familias»
Otro de los reclamos, tienen que ver con los juicios de desalojo a inquilinos y garantes en contexto de pandemía, que al vencerse el decreto que impedía los mismos, se aceleraron. Dejando en una situación de vulnerabilidad a más familias y garantes.
