A poco de cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura, el Ministerio Público Fiscal de la Nación dio a conocer que desde la puesta en marcha de los juicios por crímenes de lesa humanidad, tras la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos; 1.231 personas fueron condenadas en 361 sentencias dictadas en todo el país, mientras que el número de absueltos asciende a 250. En la actualidad hay 12 juicios en trámite en diferentes jurisdicciones y 282 causas en etapa de investigación preliminar, con casi 300 procesados. De los genocidas detenidos, más del 80% permanece en prisión domiciliaria.
Detalla un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que de las 504 personas detenidas por estos delitos imprescriptibles, son 425 los beneficiados con la prisión domiciliaria; 61 están alojados en la Unidad Penitenciaria N°34, que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo; y los 18 restantes, en diferentes establecimientos carcelarios del resto del país.
En tanto, 1.582 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad permanecen en libertad.
La representación gráfica de privados y privadas de la libertad y libres (que se puede consultar en el informe citado al pie de esta nota) muestra que en 2026 la brecha entre ambas cifras es la mayor del registro histórico que lleva la procuraduría desde 2015, provocada por la sostenida reducción de la cantidad de personas detenidas.
Mientras tanto, en la etapa de investigación preliminar se encuentran en trámite 282 causas.
Tanto en estas causas como en las que están en debate, la cantidad de personas procesadas es de 292. En los expedientes en investigación, en tanto, hay 517 personas imputadas por fiscales, que aún no han sido intimadas, y otras 76 que fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal.
La cantidad de prófugos se mantiene estable respecto de registros anteriores, con 33.
Informe completo del Ministerio Público Fiscal de la Nación:
