La concejala del bloque Alta Gracia Crece Lucía Allende, entrevistada en el programa «Formación Tortuga», brindó detalles sobre el requerimiento que realiza junto al resto de los ediles opositores y el bloque mayoritario de tribunos de Cuenta, para que el intendente Marcos Torres «instruya sumario administrativo e investigación, para determinar la responsabilidad patrimonial que pudiera corresponder» en la multa por casi un millón de pesos que la Municipalidad debe pagar respecto de la apertura durante seis días del restobar Coco en 2015, cuando la Justicia había impuesto una medida cautelar que lo impedía.
«En 2015 se habilitó un resto bar en la Avenida Sarmiento. Vecinos colindantes presentaron un recurso de amparo para que no se habilite ese local. Ahí empieza la controversia. Lo que hace la jueza es, en primera medida, mientras resuelve qué va a pasar con esto, dictó una medida cautelar para que no se pueda habilitar nada. Es una orden judicial que hay que cumplimentar y el Estado municipal hizo oídos sordos a eso y no lo cumplió. Entonces la justicia impuso una multa por eso, por seis días que estuvo este local abierto, estando la medida cautelar impuesta. Por esta multa hoy estamos pagando un millón de pesos», sintetizó Allende la controversia que viene ocupando buena parte de las últimas sesiones del Concejo Deliberante, en discusiones encendidas y en las que se pone en tela de juicio principalmente la figura del asesor Letrado de entonces y que actualmente persiste en la tarea, Daniel Villar.
«De 2015 a la fecha se fueron dando un montón de actos procesales en los que el municipio, a través de la Asesoría Letrada intentaba apelar y cuestionar esa resolución. Esto culmina con un acuerdo para ver cómo se pagaba, porque la multa la había impuesto la Justicia. El asesor Letrado, o no leyó el expediente en todos estos años o quiere confundir maliciosamente o intenta hacer una mezcolanza de todo. Se acordó pagar en tres cuotas la multa, por supuesto con intereses. Cuestionamos que ese acuerdo tiene una cláusula de confidencialidad que dice que no se puede dar a conocer particularmente en los medios de comunicación dicho acuerdo, cuando sabemos que todos los actos de gobierno son públicos. No entendemos qué se quiere ocultar», cuestionó fuertemente Allende. Asimismo, esgrimió que «los codemandados, uno tiene contrato en el Gobierno de la Provincia y otro en la Municipalidad para distintas refacciones».
RADIO TORTUGA (RT): ¿Cuál es el pedido específico que hace el bloque, junto a los dos tribunos de cuenta de Alta Gracia Crece?
LUCÍA ALLENDE (LA): Dos cosas: el Tribunal de Cuentas, cuando visa y observa algún pago que no está bien hecho, tiene la obligación de elevarlo al Concejo Deliberante; y tiene la facultad de poder instar al intendente a que realice todos los sumarios de investigación administrativa cuando observa que hay algo que no está bien hecho. En este caso, es así. Alguien incumplió una orden, insistió en incumplir. Nuestra Carta Orgánica es clara: cada funcionario es civil, penal, administrativamente responsable de los actos propios que realiza en nombre del Estado. Le decimos al intendente que el millón de pesos no puede quedar en el aire, que lo paguemos y nada más. Hubo incumplimiento, hubo funcionarios que decidieron que hay incumplir una orden judicial. Pedimos sumario administrativo para determinar la responsabilidad patrimonial que existe en los funcionarios.
