Frente al enjuiciamiento de 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) por la toma del Pabellón Argentina en 2018, en el marco de una serie de protestas que en todo el país se manifestaban en favor de la educación pública; en la columna “Derecho al Delirio” del programa “Tarde para Tirar la Toalla” (TTT) en la Radio Tortuga 92.9 se entrevistó al abogado Eduardo “Negro” Soares, miembro de la “Gremial de Abogados”, entidad que representa a nueve de los estudiantes. De dicha conversación, surgió este artículo de opinión de Mariana Villarreal (*) sobre “La criminalización de la lucha estudiantil y el derecho a la protesta en cuestión”.
“Aunque no podemos adivinar el tiempo que será
Sí que tenemos, al menos, el derecho de imaginar
El que queremos que sea”
(Derecho al Delirio, Eduardo Galeano)
En 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, los ajustes al presupuesto educativo y recortes a los salarios históricamente magros del personal universitario, suscitó un conflicto que llevó a que trabajadorxs docentes, no docentes y estudiantes de 57 universidades públicas y colegios universitarios iniciaran medidas de fuerza. Entre los reclamos se exigía el mejoramiento de infraestructura, becas económicas para garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de estudiantes, ampliaciones de las raciones en los comedores universitario; mayor presupuesto para programas y protocolos de violencia de género y guarderías materno-paternales. En la UNC, les estudiantes también solicitaban romper el convenio de “seguridad” con la Policía Provincial.
En ese contexto, 90 edificios públicos fueron ocupados en todo el país por les docentes y estudiantes para visibilizar el conflicto. En particular, les alumnes de la Universidad Nacional de Córdoba, de manera organizada a partir de asambleas multitudinarias, ocuparon el Pabellón Argentina. Solo en Córdoba y Río Negro se dispusieron represalias en contra de les estudiantes. “Paradójicamente, cien años después de la famosa Reforma Universitaria, en el mismo lugar, en la cuna de la Reforma, los estudiantes fueron perseguidos y reprimidos”, señala Eduardo “Negro” Soares, abogado e integrante de la Gremial de Abogados en diálogo con TTT. “Nosotros lo tomamos como un agravio, no solo a los 27, sino a toda la universidad”, completa. Tengamos presente que la Reforma de 1918, que implicó un avance en la democratización de la Universidad y que es presentada como motivo de orgullo de la UNC, fue resultado de intensas confrontaciones entre estudiantes y autoridades de ese entonces.
Es el propio vicerrector de la UNC, Ramón Yanzi Ferreira, quien realizó denuncia ante la Justicia en contra de 27 estudiantes luego de haber firmado un “acta de compromiso” en una mesa de trabajo conjunto para destrabar el conflicto. Dicho instrumento fue precisamente usado para identificar a les 27 estudiantes que fueron imputados por la toma. Soares representa a nueve de estos estudiantes.
El pasado 22 de abril, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja del Juzgado Federal de Córdoba Número 3 elevó la causa a juicio. Esto quiere decir que les estudiantes deberán enfrentar un juicio por estos hechos. Concretamente, se les acusa el delito de “usurpación por despojo” (art. 181 incs. 1 y 3 del CP.). “Se los imputa por usurpar su propio lugar, que es la universidad”, subraya Soares. Además, destaca que no se identifica claramente las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos atribuidos a cada uno de les estudiantes. “Cómo va a sustentar el fiscal esa imputación, no lo sabemos. La instrucción esta tan mal hecha y tan mal planteada. La acusación es inconsistente desde todo punto de vista”, concluye.
De esta manera, un reclamo masivo y legítimo que debía resolverse por otras vías, terminó siendo “cooptado” por el sistema penal, atribuyendo responsabilidades y criminalizado los hechos en cabeza de unos pocos/as, en un claro intento de aleccionamiento al resto de la comunidad. De condenarse a les estudiantes por estos hechos, se coartaría gravemente el derecho a la protesta y sentaría un peligroso precedente para una democracia que pretenda ser algo más que el voto periódico. Una democracia que comprenda la presencia de conflictos sociales como una señal de vida y la posibilidad de lograr mejores acuerdos para garantizar los derechos de todes. Como señala el constitucionalista Roberto Gargarella, “el derecho a la protesta no es un derecho más, sino uno de especial relevancia dentro de cualquier ordenamiento constitucional: se trata de un derecho que nos ayuda a mantener vivos los restantes derechos. Sin un robusto derecho a la protesta, todos los demás derechos quedan bajo amenaza, puestos en riesgo. Por ello resulta sensato designar al derecho a la protesta como ‘el primer derecho’ (Diario El país, 20/04/2014).
Eduardo “Negro” Soares también se refirió a como están viviendo personalmente sus defendidos, el hecho de tener que soportar esta acusación, más allá del respaldo masivo de la comunidad universitaria: “La verdad que a mí me impresionaron estos chicos; primero por su fortaleza y segundo por su dignidad para enfrentar esta imputación”.
El pasado fin de semana se llevaron adelante en Chile las elecciones para votar a quienes integrarán la Convención que dictará una nueva Constitución para ese país y dejará atrás finalmente el legado de Pinochet, 40 años después.
Ese cambio que revitaliza la democracia en el país vecino es resultado del «estallido social», que comenzó en octubre de 2019 cuando les estudiantes salieron a protestar en contra del aumento del boleto del Metro. Mal ejemplo para quienes quieren conservar sus privilegios.
Escuchá completa la entrevista con Eduardo «Negro» Soares en TTT
FOTO: COLECTIVO MANIFIESTO
(*) Mariana Villarreal es abogada, becaria doctoral del CONICET e integrante del equipo de producción del programa “Tarde para Tirar la Toalla” de la Radio Tortuga 92.9
