Por Agencia Farco. En menos de una semana se presentaron cinco amparos contra la reforma que le da más poder a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025. La medida dispuesta unilateralmente por el gobierno de Javier Milei impacta en los sistemas de seguridad y defensa, y habilita a los agentes de inteligencia a detener personas sin orden judicial y a sus autoridades a involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones internas.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria advirtieron que el DNU legisla en materia penal y que de eso debe ocuparse el Congreso, por lo que es inconstitucional.
Desde este espacio, Roberto Cipriano, en diálogo con FM En Tránsito, explicó: «De esta manera se habilita a los agentes de inteligencia, que por supuesto no andan con uniforme ni con identificación, a detener personas sin orden judicial y sin que se sepa bien a dónde los van a llevar, ni por cuánto tiempo los van a detener, es decir, esto es legislar en materia penal y está prohibido hacerlo por DNU».
Desde los organismos que defienden los derechos humanos aseguran que es un gran retroceso el DNU porque le da poder a la secretaría de Inteligencia para investigar a organizaciones civiles, sociales, partidos políticos y sindicatos.
«El otro elemento, que estaba vedado a los organismos de inteligencia desde el regreso a la democracia, es la realización de inteligencia política hacia las organizaciones, hacia los propios partidos, a los sindicatos; y habilita a los organismos de inteligencia a volver a hacer esa tarea. Eso obviamente le da mucho más poder a la Secretaría de Inteligencia del Estado», alertó Cipriano al respecto.
Mientras tanto, en el Congreso las bancadas opositoras sostienen que, por la sensibilidad de temas que el decreto abarca, esos debates deben darse en las cámaras. También consideraron que la medida aborda materias que no son urgentes, por lo que no tiene justificación la emisión de un DNU en la materia.
Además, recordaron que la SIDE tiene uso de fondos de los que no debe dar ningún tipo de explicación, conocidos popularmente como «fondos reservados«.
Roberto Cipriano aseguró que la reforma es grotesca, por lo que consideró que es importante que intervenga la justicia: «Yo confío en que efectivamente la justicia le ponga un límite a este desborde del poder punitivo del Estado, porque esa también es la función judicial. Esperemos que eso se modifique, y que realmente todo lo vinculado a las funciones que son propias del Congreso, el Congreso las reasuma».
