Por Agencia Farco. En un nuevo revés para el gobierno de Javier Milei, la Justicia federal suspendió la decisión de eliminar el Fondo de Integración Sociourbana (FISU), que fue creado para financiar obras en barrios populares de todo el país. El fallo se conoció el pasado viernes y responde a una medida cautelar solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en representación de vecinos afectados por la medida del Ejecutivo.
El Juzgado Federal de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y ordenó al Estado nacional mantener el patrimonio del FISU y presentar un plan de urbanización de barrios populares bajo amenaza de multa.
Marco Galán, director de Radio La Ranchada, especialista en hábitat social, destacó el acompañamiento de la dirigencia de varios partidos políticos y sobre todo de la Iglesia, que “se puso al frente de esto”.
“Se había entendido que hacía falta priorizar a los más pobres, a los más frágiles, a los que más sufrían. Bueno, Milei pasó la motosierra, cerró el FISU y ha salido un fallo judicial que le pone un límite al gobierno”, expresó.
El FISU se concreta con el 10% del Impuesto País, que proviene de compras en el exterior y contaba con un flujo financiero para hacer obras. Sin embargo, “llegó Milei y lo primero que hizo fue reducir del 9% al 0,3%”, agregó Galán.
Por otro lado, consideró que “el fallo judicial es un límite que tiene el gobierno”, pero “habrá que ver si lo cumple”, porque advirtió que “el gobierno no cumple ningún fallo”.
La gestión de Milei no podrá avanzar en la disolución del fideicomiso, ni disponer de sus bienes.
Además, la Justicia exigió la presentación urgente de un plan de urbanización para los barrios populares que se encuentran registrados en el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares), bajo pena de una multa diaria de 200 mil pesos en caso de incumplimiento por parte del funcionario a cargo del área, Sebastián Pareja, actual subsecretario de Integración Socio Urbana.
La resolución judicial también obliga al Estado a informar el saldo existente en las cuentas bancarias del FISU, sus colocaciones financieras, inversiones, bienes fideicomitidos y la composición de sus recursos según las distintas fuentes de financiamiento. El objetivo es impedir la transferencia o uso de esos fondos con otros fines, tal como lo había anunciado el Gobierno nacional a comienzos de mes.
