Organizaciones feministas y de Derechos Humanos, con una extensa lista de espacios y firmas adherentes, emitieron un comunicado en el que cuestionaron que «tres días después del 9° aniversario de Ni Una Menos y cinco después de la publicación del informe de femicidios que confirmó que en 2023 hubo 250 víctimas en nuestro país, el gobierno nacional decidió cerrar la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género».
Firman el texto Latfem, Fundar, el Cels, Amnistía Internacional, Ela, Datagénero, Fundeps y Generar Políticas.
El texto agrega como datos concluyentes y descriptivos de la gravedad del problema, que «una
mujer muere cada 35 horas en Argentina, mientras que una de cada dos mujeres en pareja ha sufrido o sufre violencia doméstica y no existen estructuras estatales para resolverlo».
En ese marco, frente al desmantelamiento de las estructuras públicas vinculadas al tema, so pretexto de la búsqueda de un equilibrio fiscal, señala el comunicado: «El ordenamiento fiscal no puede hacerse a costa de las muertes y otras formas de violencias discriminatorias hacia la población. Nuestra sociedad ha construido un consenso frente a la violencia de género. No es una opción dar marcha atrás con cuatro décadas de avances».
Y exigen al gobierno de Javier Milei que esté «a la altura de la urgencia y designe inmediatamente una estructura adecuada para dar respuesta a un problema que no cesa»; e instan al Congreso a «observar que las leyes que define para la protección social sean ejecutadas».
Un presente que alarma
«Según los datos del Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte
Suprema de Justicia han habido entre 226 y 260 víctimas de femicidio por año de 2017 a 2023″, repasa el documento.
Y agrega: «Es claro que la violencia letal por razones de género está lejos de ser resuelta. El problema es real y no ideológico. A estos datos de letalidad hay que sumar los 124.000 llamados a la línea 144, una política de estado que lleva diez años de existencia y que es nodal para la prevención».
En ese marco, plantean las organizaciones firmantes que «las políticas públicas para la atención de los casos de violencia de género son parte de un compromiso que el Estado argentino tiene históricamente en el marco de acuerdos
internacionales y por eso hace casi 40 años se crearon institucionalidades de género que las
llevan adelante»; y que «Argentina ocupa un rol privilegiado en el cumplimiento de esos acuerdos y ha sido pionera en la toma de medidas contra la discriminación y la violencia contra mujeres y personas LGBT. Es tomada como ejemplo a nivel internacional».
Alertan, en este sentido, que «sin órganos especializados en el abordaje integral ni personal y presupuesto suficiente, el Estado argentino no podrá diseñar e implementar políticas adecuadas para prevenir y sancionar estos actos. Pero, además, no estará cumpliendo con sus obligaciones».
Y en particular, plantea que «con el cierre
de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, el Estado argentino se
retrotrae a tiempos previos a 1987 cuando se creó la primera subsecretaría de la mujer y desanda un camino de avance progresivo que logró en estos últimos 37 años».
