La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a marchar el jueves 18 de diciembre contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, mientras que las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) se declararon en estado de movilización permanente y adelantaron que se plegarán a la convocatoria a la calle. «Nos oponemos terminantemente a cada uno de los puntos que establece este proyecto de reforma laboral», indicó Jorge Sola, secretario general de la CGT. «Esta reforma profundizará la informalidad, reducirá el poder adquisitivo y agravará la crisis económica», aseguran las CTA.
El proyecto, que el Gobierno disfraza de «modernización«, entre otros puntos, habilita la extensión de la jornada laboral sin pago de horas extras, reduce las indemnizaciones por despido, permite que las vacaciones se puedan otorgar por tramos según la conveniencia del empleador, pone límites a la actividad sindical dentro de las empresas y pretende que se puedan hacer convenios por empresa con menos derechos que el convenio colectivo de la actividad, entre otros puntos.
En conferencia de prensa, uno de los secretarios generales, Jorge Sola, expresó el rechazo de la central sindical y anunció la marcha a Plaza de Mayo para el jueves 18: «Nos oponemos terminantemente a cada uno de los puntos que establece este proyecto de reforma laboral. Es una situación que efectivamente transita por la precarización laboral. Es un paso más a esa informalidad«.
Y agregó: «Vamos a tener una estrategia con un plan de acción. Vamos a llevar nuestro reclamo y nuestra postura a cada legislador, a cada legisladora, a cada senador, a cada senadora, a cada gobernador, a cada gobernadora, a cada diputada y a cada diputado. Le vamos a explicar el por qué no puede salir esta ley, el por qué hay tantos derechos que están vulnerados».
- En un comunicado conjunto, firmado por Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, secretarios generales de la CTA Autónoma y la de los Trabajadores, respectivamente, se subraya que «el proyecto de Ley de Modernización Laboral que el gobierno de Milei envió al Senado de la Nación no moderniza nada» y que «en realidad es una ley redactada en los estudios de abogados de los grandes grupos empresarios y que utiliza a las PyMEs como pretexto de su verdadero propósito que es precarizar el empleo y desproteger a los trabajadores«.
Denuncian las CTA que «el proyecto ataca derechos fundamentales: debilita la presunción de relación laboral, facilitando el fraude; promueve la tercerización irresponsable; introduce salarios dinámicos que destruyen la estabilidad; y abarata los despidos, transfiriendo su costo al Estado y desfinanciando el sistema previsional».
Finalmente, aseguran que, contrario a lo que postula el Gobierno, «esta reforma profundizará la informalidad, reducirá el poder adquisitivo y agravará la crisis económica, en línea con un modelo que prioriza los intereses del gran capital en camino contrario al de un proyecto de país productivo e integrado».
