Agencia FARCO- La crisis que atraviesan los clubes barriales comenzó hace cinco años con los tarifazos propiciados por el gobierno de Macri. La situación se recrudeció en la pandemia. Mientras, reclaman la reglamentación pendiente desde 2014 de la Ley de Clubes de barrios y pueblos.
Lejos de parar, los clubes de barrios nunca dejaron de cumplir su función social y deportiva. En algunos casos, hasta comenzaron a incrementar los esfuerzos para ayudar a la comunidad con merenderos, comedores o refugios transitorios; en el actual contexto de pandemia.
Sin embargo, los ingresos para el mantenimiento permanente, la limpieza, los arreglos edilicios y el pago de servicios básicos (agua, energía, gas); escasean y en la mayoría de los casos, son insuficientes.
Radio Gráfica conversó con Ricardo Mayor, presidente del Club Wilcoop, de Avellaneda (Buenos Aires), y vicepresidente del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio y Afines.
Desde el sector, manifiestan que la crisis económica que atraviesan los clubes barriales, comenzó hace cinco años con los tarifazos propiciados por el gobierno de Mauricio Macri, situación que se recrudeció en la pandemia de COVID-19. De esta forma, continúan trabajando reclamando a su vez, mayor presencia del Estado, en todos sus niveles.
Al finalizar el alcance del DNU nacional 311/2020 que prohibía a las empresas de servicios públicos cortar el suministro por acumulación de deuda, Ricardo Mayor hizo un llamado a las autoridades a prorrogar el decreto 311, denunciando a la vez que ya hubo cortes en el suministro en distintos barrios del país. También aclaró que hay instituciones grandes con deudas millonarias que no saben cómo van afrontar, aún con la financiación a 30 cuotas que disponía el decreto y con una tarifa diferenciada.
Al mismo tiempo, el dirigente comentó que lejos de pedir dádivas al Estado, se busca la implementación de políticas públicas que den una solución concreta a la sostenibilidad de clubes de barrio. Una deuda histórica para estas instituciones sin fines de lucro que cumplen una función social para toda la comunidad, y especialmente, de contención a la población infanto-juvenil.
«El objetivo nuestro no es reclamar subsidios, lo que estamos intentando reclamar es una ley marco que genere equidad y federalismo. Y que ponga a todos con las mismas opciones de seguir avanzando y generando esa cultura y seguir conteniendo a la gente. Entonces, no buscamos subsidios, porque hay veces en que parte de la sociedad cree que el tema de pedir un subsidio, es estar buscando salir de la miseria y lo que nosotros queremos es que se reglamente una ley que fue sancionada por unanimidad en el Congreso, en diputados y senadores».
Así se refirió Mayor a la Ley 19.587 de Clubes de Barrios y Pueblos, sancionada en 2014, pero que no cuenta con la reglamentación correspondiente que daría equidad y federalismo al sector.
Por otro lado, preocupa la crisis económica general que repercute en el funcionamiento de los clubes, cuyos ingresos dependen mayoritariamente de las actividades que se realizan, el alquiler de salones para eventos (hoy suspendidos) y la cuota de deportistas, socios y socias.
Para Ricardo Mayor, quienes se desempeñan como profesores/as y coordinadores/as de las disciplinas, fueron los principales afectados económicamente, aunque el efecto negativo en los clubes repercute de manera estructural.
«Algunos profes han podido trabajar desde la virtualidad, que son los menos, y generar algún pequeño ingreso, pero son los más afectados en todo esto. Hay algunas actividades que no han vuelto a la normalidad. Lo que hay que entender es que nuestros participantes, en cada una de sus actividades, son de la clase obrera, trabajadores. Entonces, si ellos se ven afectados en la reducción de ingresos, en la falta de empleo, directamente las entidades se ven afectadas de igual manera. Esta posibilidad de visibilizar la problemática de los clubes, es visibilizar un poco la problemática de la gente. Nosotros somos parte de la sociedad, parte de cada uno de nuestros barrios», agregó Mayor.
