Este miércoles 13 de agosto, el Ministerio de Capital Humano anunció un aumento salarial del 7,5% para docentes y no docentes universitarios, decidido de manera unilateral. “Se trata de un aumento inexistente, mentiroso, que consolida la pulverización de nuestros salarios”, denunciaron desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (Adiuc). En la misma línea, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las rectoras de las casas de altos estudios de todo el país, emitió un comunicado titulado “Seguimos sin soluciones reales para la crisis del sistema universitario”, en el que sentenció que “no hay nuevas noticias ni mejores anuncios, sino una profundización de la crisis salarial sin precedentes que sufren los trabajadores de la educación superior”.
Grave caída
Adiuc denuncia que el aumento impuesto por el Gobierno desconoce la paritaria como ámbito legítimo de negociación y subraya que el anuncio de la gestión de Javier Milei llega en medio de un paro nacional de docentes universitarios y a días de la media sanción en Diputados para la Ley de Financiamiento Universitario.
Acto seguido, comparan cuánto implica el aumento informado respecto a la evolución de la inflación: “Llevamos tres meses sin recibir aumento alguno. En ese período se registró 1,6% de inflación en junio, 1,9% en julio y todo indica que en agosto se acercará al 3%. El anuncio dispone un ‘incremento’ del 3,95% en agosto que, en realidad, se compone de 1,3% en junio, 1,3% en julio y 1,3% en agosto, es decir, la pauta que ya aplicaron a los empleados estatales, y se completaría con 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre y 1,1% en noviembre (7,5% en total)”.
La “novedad” del anuncio del Ministerio de Capital Humano es un bono por única vez que el gremio detalla que implica “$6250 por única vez para la mayoría de la docencia que cuenta con dedicaciones simples (10hs), $12.500 para las dedicaciones de 20hs y $25.000 para la dedicación exclusiva a la docencia”.
Asegura Adiuc que “este incremento no sólo se sitúa por debajo de la inflación proyectada para el segundo semestre, sino que está muy lejos de recomponer la grave caída del salario docente, que necesita de un aumento del 43% para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023”; y alude que este anuncio denota una “urgencia por mostrar una falsa solución al conflicto” sostenido con la comunidad universitaria.
“La Ley de Financiamiento es un camino para recuperar los recursos mínimos que garantizarían el sostenimiento de la universidad pública”, subraya la entidad en este sentido, destacando que “no hay margen posible para el veto presidencial” y se espera que “las y los legisladores estén a la altura de la Historia y lo rechacen sin titubeos”.
Adelantó Adiuc que continuarán las acciones de protesta y se está organizando la nueva Marcha Federal Universitaria, que reunirá a docentes, no docentes, estudiantes y autoridades, con el conjunto de la ciudadanía, para expresar “la alta valoración social de las universidades y la ciencia, y la disposición de nuestra sociedad para defenderlas”.
Sin soluciones reales
Por su parte, el CIN emitió un mensaje en el que aseguró que “no hay ninguna solución real para la comunidad universitaria y científica del país” y lamentó que una vez más el Gobierno Nacional “opte por sumar confusión con información tergiversada y parcial, sin ofrecer ninguna solución real al problema que las universidades públicas del país atravesamos”; en relación al aumento del 7,5% que calificó como una “decisión unilateral y sin el acuerdo de las representaciones gremiales”.
A la situación denunciada por los docentes agrega este comunicado que “los incrementos presupuestarios transferidos en el último año y medio, consecuencia de múltiples gestiones y manifestaciones realizadas por la comunidad universitaria y científica del país, solo compensaron en parte el deterioro escandaloso frente a la inflación de un presupuesto base construido con valores de octubre del 2022”.
Detalla el CIN: “La inversión en universidades nacionales en 2024 cayó 21,9 % en términos reales y se proyecta un retroceso adicional del 8,8 % en 2025, más la pérdida de diciembre de 2023. Más de 90 obras comprendidas en el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria continúan paralizadas sin cumplir los contratos firmados por el Estado nacional. No hay actualización de becas y programas de asistencia a estudiantes universitarios. Lo transferido en concepto de hospitales universitarios no comprende a la totalidad de los existentes. Y la situación del sistema científico es terminal, puesto que, prácticamente, todas las líneas de financiamiento están cortadas”.
En ese marco, el ente que nuclea a las y los rectores reclama “seriedad y madurez de las autoridades nacionales”.
Y concluye, insistiendo en la necesidad de aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario; advirtiendo que es imperioso que para el 2026 el Congreso apruebe un presupuesto; y reclamando que vuelva a funcionar la paritaria nacional.
