La Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) denuncia un irrisorio aumento en las prestaciones de discapacidad, dispuesto por el Gobierno Nacional, y también un intento de quebrar a las obras sociales y una estigmatización de las pensiones. En este marco, convocan a un paro de actividades para el miércoles 14 de agosto, con una movilización que partirá a las 12 en la sede del Apross, en la ciudad de Córdoba, y concluirá en el Patio Olmos. Invitan a la comunidad a sumarse.
Un comunicado de la ATI repudia la decisión del Gobierno Nacional de otorgar un aumento del 2% para las prestaciones del sector, «frente a un aumento superior al 100% del monotributo que afrontan prestadores de discapacidad»; y alertan que dicha decisión se tomó sin escuchar la negativa de los representantes de la sociedad civil en el directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Además, denuncian también que «el fondo solidario de redistribución sufrirá cambios que perjudican a las obras sociales pequeñas, poniéndolas en riesgo»; y condenan la campaña del Gobierno Nacional para «instalar la idea de que hay pensiones por invalidez mal dadas con datos falseados», en referencia a lo expresado por el vocero presidencial Manuel Adorni, días atrás, incluso exhibiendo ante la opinión pública la radiografía de un perro que, presuntamente, habría sido utilizada para acreditar una pensión por invalidez.
En una entrevista con La Nueva Mañana, Julia Libertad Domínguez, licenciada en Psicopedagogía, referente de prestadores de discapacidad dentro de la ATI, enmarcó cada uno de estos reclamos puntuales en una «angustia generalizada» y sostenida estos últimos meses, que «lleva a naturalizar el maltrato». En ese sentido, exhortó a sus colegas a darse cuenta que «cada vez que salimos a la calle, pudimos contrarrestar mínimamente, visibilizando lo que se hace contra el sector»; y que si no se puede parar las actividades, suma poder hablar en los espacios de trabajo y con las familias.
Y completó: «El ataque a las pensiones busca generar una desconfianza en la sociedad, desprestigio, sentimiento de culpa por acceder a un derecho en cada persona con discapacidad. En lugar de buscar a las cuatro millones de personas que tienen discapacidad y aún no tienen su certificado, se ocupan de desmantelar al sector y quitarles la pensión a quienes la tienen. Puede haber gente con pensiones falseadas, pero en este caso usan el tema para desprestigiar al sector».
