La Mesa de DDHH exigió que La Perla Chica sea preservada como sitio de memoria y justicia

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Ante la posibilidad manifiesta de que el Gobierno Nacional ponga a la venta, entre otros terrenos nacionales del país, el que en Malagueño contiene a la Sociedad Rural, el Mercado Cooperativo San Miguel y el ex centro clandestino de detención de la dictadura «La Perla Chica», la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos afirmó que «la importancia de este lugar trasciende su valor patrimonial y cultural».

A través de un comunicado, la entidad que nuclea a organismos de Derechos Humanos, espacios sindicales, sociales, culturales y políticos de la provincia, expresó su «firme rechazo a la venta del predio denominado ‘La Perla Chica’ por parte del Gobierno Nacional, por tratarse de un espacio que funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar en Argentina».

En ese marco, destacaron que «la importancia de este lugar trasciende su valor patrimonial y cultural; es un sitio de memoria reconocido y señalizado, que es testimonio de las violaciones a los derechos humanos y de nuestra historia reciente»; y que «La Perla Chica» es, además, «un sitio clave para distintas causas por delitos de lesa humanidad obrantes en la Justicia Federal, y debe preservarse para asegurar justicia y verdad para las víctimas del terrorismo estatal y sus familias».

Desde esa posición, la Mesa instó al Gobierno Nacional a respetar el marco legal y a «reconocer el rol fundamental del Estado en la preservación de la memoria histórica».

En tanto, repasó que «la provincia de Córdoba, a través de la Ley de la Memoria, y el Municipio de Malagueño, dentro de cuya jurisdicción se encuentra el predio, tienen la responsabilidad de velar por la protección de este espacio».

Finalmente, también ludieron a la relevancia ambiental de «La Perla Chica», lo que «refuerza su carácter de bien común y su valor integral» en línea con el ordenamiento territorial provincial.

Por todo lo planteado, la Mesa exige que este ex centro clandestino de detención, declarado sitio de memoria por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación el 4 de noviembre de 2023, debe mantenerse bajo custodia del Estado, para ser «preservada como un sitio de memoria, justicia y patrimonio para las generaciones presentes y futuras».

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