Legisladores provinciales solicitarán un jury para la fiscal Claudia Palacios, que tiene a su cargo la investigación por el asesinato de Abril Sosa. En diálogo con Radio Tortuga 102.7, Liliana Montero, de Córdoba Podemos, analizó que la magistrada ha incurrido en mal desempeño y «ha tenido expresiones peyorativas, discriminatorias, descalificantes» hacia la familia de la niña.
El jury es un mecanismo republicano previsto para controlar el funcionamiento de jueces y funcionarios del Poder Judicial. Una vez solicitado por cualquier ciudadano, se conforma con dos legisladores oficialistas, dos opositores y un representante del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, quienes deben decidir si hay elementos suficientes para iniciar una investigación sobre el accionar del magistrado cuestionado.
Cabe recordar que Abril Sosa, de cuatro años, desapareció de la vivienda familiar en barrio General Bustos de la ciudad de Córdoba el sábado 15 de abril y fue encontrada sin vida dos días después en el barrio de Alta Córdoba, en la capital provincial, con signos de haber sufrido violencia sexual.
Radio Tortuga (RT): ¿Cuáles son las razones por las que se solicita este Jury?
Liliana Montero (LM): Haciendo una evaluación del desmanejo que la fiscal Palacios ha tenido en la situación de Abril, existen causales suficientes para entender que hubo mal desempeño, toda vez que ha tenido una seguidilla de expresiones públicas que daban cuenta de su posicionamiento respecto de la causa, más preocupada en investigar a la familia que en encontrar a Abril. Desde su primera aparición pública, la fiscal refiere que la hipótesis es la de un ajuste de cuentas narco y que el padre (de la niña) habría sido vendedor de droga. A partir de allí se desatan un montón de situaciones que ponen en el eje de la investigación a la familia, en lugar de poner en el eje de investigación a quien había secuestrado y, después supimos, abusado y matado a Abril. Entonces sigue con sus desaciertos la fiscal cuando le pregunta un periodista si tenía expectativas de encontrarla con vida, cuando no habían pasado ni 24 horas de la desaparición, y la fiscal responde que más o menos. En tercer lugar, cuando se conoce lo terrible de lo sucedido con Abril, ella lo confirma a la prensa y un periodista le pregunta si la familia ya sabe y la fiscal contesta que no sabe. ¿A la fiscal no le parece más oportuno comunicarle ella a los padres lo que había sucedido en lugar de hacer exposiciones mediáticas? Por último, como corolario de todo esto, la fiscal en lugar de hablar de quién la había asesinado a la nena, o las circunstancias o el hecho, se dedica a darle consejos a los padres, poniendo en el centro de discusión si había estado bien o mal que la mamá dejara a Abril salir. En todo caso, la fiscal debería preguntarse por qué tenemos los niveles de inseguridad y violencia que tenemos en esta provincia. La fiscal ha incurrido en mal desempeño, ha tenido expresiones peyorativas, discriminatorias, descalificantes hacia la familia que hoy tiene un dolor infinito, oceánico, inconmensurable. No hay dolor comparable a perder un hijo y menos en estas circunstancias, cuando uno sabe lo que su hijo o hija tuvo que pasar antes de encontrar la muerte. Es una cosa espantosa. Además de todo ese dolor, la familia tiene que soportar ahora haber sido sindicada como narcotraficante. El propio padre reconoce haber vendido droga. Y eso tiene que ver con la hipocresía en la que estamos, como si no supiésemos que hay un montón de sectores de alta vulnerabilidad que son coptados por el narcotráfico y caen en la venta al menudeo para sostener a sus familias. Todo esto debería haber analizado la fiscal antes de hacer cualquier consideración pública.
RT: ¿Atribuye la conducta de la fiscal a un exabrupto o a un criterio clasista y falto de perspectiva de género?
LM: La seguidilla de apreciaciones que hizo, dan cuenta de que no se trató de un exabrupto que se le escapó. La fiscal tiene una responsabilidad funcional. Si la desbordó la situación, tendrá que reconsiderar si puede ser fiscal penal, porque de estos casos va a tener un montón. Si no sabe manejarse con los medios, se hubiera preocupado más del caso que de la prensa.
Considera Montero que la fiscal actuó carente de perspectiva de género ya que, entiende, al tratarse de una niña, la primera hipótesis que debió haber manejado ante la desaparición, debió vincularse con un hecho de violencia de género. «Además, esta descalificación a los papás es clasista», agrega, analizando que «si hubiesen sido en otro contexto socio económico, no las hubiese hecho».
RT: A partir de la presentación del jury, ¿cómo avanza el proceso?
LM: Se reúne la comisión y decide que si hay causales suficientes para iniciar un proceso de investigación, se abre el jury y se evalúa. La fiscal tiene derecho a defenderse, se citan testigos. Y pueden pasar tres cosas: que se crea que no actuó mal; que se crea que actuó mal y que sólo le cabe una sanción o una suspensión de sus haberes; o que se crea que incurrió en una falta grave y puede separársela del cargo. La primera instancia es que los integrantes del jury entiendan que existen causas para investigar el manejo de la causa. Es una cuestión complicada, primero porque no estamos acostumbrados a la utilización del instituto del jury. Además, en los últimos años, lo que advertimos es una connivencia entre el poder político de Unión por Córdoba y la estructura del Poder Judicial, que tiende a abroquelarse y a accionar corporativamente. Muchas veces ni se abren los jurys.
RT: Debería ser también un llamado de atención para todo el Poder Judicial, porque se advierte una necesidad general de perspectiva de género en el ámbito de la Justicia.
Le falta muchísimo a este Poder Judicial para trabajar en perspectiva de género. Reconozco que está haciendo algunos esfuerzos en el último tiempo, pero la verdad es que se sigue manejando con una concepción patriarcal y machista.
