El 6 de agosto pasado, el Poder Ejecutivo Nacional, promulgó la Ley 26.877, que dispone que las escuelas secundarias, las de modalidad de adultos y los institutos de educación superior, deben reconocer los centros de estudiantes como órganos democráticos de representación estudiantil y garantizar las condiciones institucionales para su funcionamiento.
La norma, que fue sancionada el 3 de julio pasado, establece que las autoridades jurisdiccionales deben asesorar a las comunidades educativas y facilitar los medios para crear los centros de estudiantes. También deben apoyar el desarrollo de las actividades previstas por este espacio estudiantil y proporcionarle un espacio físico para su funcionamiento.
Según establece la 26.877, los centros de estudiantes, que elaborarán su propio estatuto de funcionamiento, deberán acompañar la formación de los estudiantes en principios y prácticas democráticas, republicanas y federales, y en la defensa de los Derechos Humanos; afianzar el derecho a la libre expresión de las ideas y la defensa de los derechos estudiantiles; contribuir con el reconocimiento de la educación como bien público y derecho social; colaborar con el desarrollo de acciones en beneficio del conjunto de la comunidad; y gestionar ante las autoridades las demandas y necesidades de sus representados.
Edgardo Carandino, Inspector de Escuelas Secundarias que tiene a su cargo las del departamento Santa María, celebró esta promulgación, considerando que los centros de estudiantes generan “mayor ciudadanía y participación” y ayudan a evitar episodios de violencia. Carandino recordó que la Provincia tiene una Ley con el mismo sentido, que surgió cuando en el cordobés barrio Marqués de Sobremonte Anexo, bandas narco tomaron una escuela y docentes se vieron impedidos de dictar sus clases.
Carandino contó que en el departamento Santa María, muchos estudiantes acuden a su oficina, para poner en marcha actividades y que un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ha venido a Alta Gracia para estudiar el funcionamiento de los centros de estudiantes existentes (que están nucleados en una mesa regional).
Respecto de la reticencia de algunos directivos a la existencia de los centros de estudiantes, dejó en claro que las leyes hay que cumplirlas y reflexionó: “La participación se aprende y la responsabilidad de los directivos es propiciarla, pero cuando se discute la participación, se discute el poder y algunos directivos tienen miedo de que esa participación los abrume”.
