Por Gonzalo Montiel (*). Acerca de la vulneración de los derechos de infancias y juventudes en José de la Quintana y de la escuela pública como centro para una transformación urgente.
El dolor de la muerte de Marcia Acuña nos corroe, la angustia recorre el aire y los cuerpos en las calles de José de la Quintana y San Isidro. Es imperante exigir justicia y esclarecimiento de su muerte.
Pero las razones de este dolor no se encuentran en miradas rigidizadas y reduccionistas sobre la situación individual de una persona. Somos individuos en contextos. Y son estas tramas de sentidos, instituciones y conversaciones contextuales (o la ausencia de estas) de las que necesitamos hablar, visibilizar, para reconocer las profundas problemáticas y poder generar propuestas integrales transformadoras.
Para salir del silencio y ostracismo cómplice de las vulneraciones sistemáticas de niñas, niños y jóvenes en José de la Quintana. Se hace imperante explicitar el contexto social de absoluta precariedad institucional en José de la Quintana, para todas y todos quienes habitamos este territorio en general, para las infancias y juventudes en particular, y muy especialmente para las jóvenes mujeres.
Quienes vivimos en Quintana somos ciudadanos de segunda, estamos excluidos de la posibilidad de participación plena de la vida democrática. Situación que nos somete a andar mendigando migajas para una mínima salud, transporte, agua, y todo derecho ciudadano más básico que una república debe garantizar, entre ellos el de la educación y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La escuela es la institución principal que debe garantizar un mínimo de ejercicio de los derechos. ¿Cuál es la situación de la escuela en Quintana y alrededores?
En la zona hay una sola escuela secundaria el IPET 265, mal llamada “Escuela de Minería”, por que ese no es su nombre. Una inmensa construcción cuyos edificios evidencian deterioros pero sobre todo cuya función social de promover educación, derechos y contener a las juventudes exhibe una terrible fragilidad. Es una escuela técnica cuya única oferta educativa es en minería. Quizás haya tenido algún sentido en el siglo pasado cuando fue fundada y era de las primeras en la especialidad pero al día de hoy, que hay varias solamente en la provincia de Córdoba y cuya horizonte laboral local es totalmente inexistente para las y los estudiantes, todos los datos evidencian a gritos que no responde a las necesidades de las juventudes actuales, sus familias y comunidad.
Así se expulsa a las y los adolescentes y sus familias a buscar oportunidades educativas a kilómetros de distancia, o los obliga a transitar 6 años de sinsentidos que muchas acaban en abandonos o apatías. El único espacio para las juventudes está visiblemente derruido y empuja a la inmensa mayoría a exiliarse o transitar una formación vaciada de horizontes.
Esta situación de arrasamiento de derechos a la educación y a la participación ciudadana se agudiza espantosamente para las jóvenes mujeres de la zona.
Se hace evidente una superposición de violencia de género hacia las mujeres, a las infancias y juventudes.
Sumo algunos datos a esta situación: es la única escuela técnica provincial que sostiene la minería como única propuesta curricular; la escuela tuvo que ser intervenida en más de una ocasión por diversas irregularidades; y hay docentes y directores procesados y condenados por delitos en la institución.
Fuera de esa deplorable oferta educativa tampoco hay propuestas de ningún tipo para las juventudes.
Ante cualquier intento de mejorar un ápice este contexto desolador las inercias conservadoras se rasgan las vestiduras porque no se respeta no se que tradiciones de supuesta pureza y vaya saber qué otros intereses que siguen oprimiendo cualquier intento de generar oportunidades, contención y educación para el pueblo y las juventudes.
¿Cuánto más vamos a esperar para transformar esta desolación? Muchas y muchos vecinas y vecinos venimos buscando enunciar estos peligros.
Basta. Acabemos con esta hipocresía.
Hay un futuro mejor que construir. Y la escuela pública local, en articulación con la ciudadanía, las organizaciones de la comunidad y un fuerte apoyo del Estado tienen que ser las fuerzas centrales de esta transformación.
Para hacer honor a la verdad existen grupos de docentes que desde dentro de la institución luchan estoicamente para transformar esta situación, también vecinas y vecinos buscan organizarse para que se incluya una alternativa curricular que amplíen los derechos de las juventudes en general y las mujeres en particular. De hecho, desde el incipiente Consejo de Niñez y Adolescencia local, se elevó una nota explicitando la situación y pidiendo la necesidad imperiosa de actuar, nota de pedido cajoneada, juntando polvo, serviles al silenciamiento inerte para que nada cambie.
Es urgente el apoyo concreto de las autoridades locales de la Comuna de San Isidro, de la directora actual de la escuela IPET 265, las autoridades Educativas de la Provincia, las autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, los referentes políticos de la zona para que se transforme la única institución pública de la zona en un espacio vivo, actual, contenedor, lleno de propuestas formales y no formales, culturales, deportivas, formativas para que las niñas, niños y jóvenes dejen de ser sometidas a ideas arcaicas, inoperantes y abusivas.
La Escuela IPET 265 de José de la Quintana tiene que convertirse en el centro de una red de trabajo socio-educativo integral, real, concreto, para las jóvenes de Quintana y San Isidro y los pueblos de la zona. Y los habitantes de la Quintana tenemos que ser reconocidos como ciudadanos plenos de derechos democráticos y constitucionales.
Basta de dilaciones y cajoneos. Hay un futuro que construir y comienza ahora.
Justicia por Marcia Acuña.
Oportunidades educativas para las juventudes de Quintana.
Ciudadanía plena para los habitantes de Quintana.
(*) Gonzalo Montiel es psicólogo. Director de proyectos de integración socioeducativos y cultural. Habitante de José de la Quintana. Coordinador de Vinculación Territorial y Comunitaria de Extensión – UPC
