Entre la mañana y la siesta de este miércoles 24 de enero, el centro de la capital cordobesa se colmó de entidades gremiales, movimientos sociales y espacios ciudadanos de diversos ámbitos, quienes se manifestaron en contra del mega DNU y el proyecto de «ley ómnibus» impulsados por el gobierno de Javier Milei, que pretenden imponer un transversal modelo de ajuste económico y desregulación, que afectaría los derechos colectivos básicos de las mayorías.
Encendidos discursos, bulliciosas mayorías, ingeniosos carteles le hicieron frente al calor capitalino, con notable muestra de unidad, en la antesala de la masiva movilización que se registró pasado el mediodía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la Plaza de los dos Congresos como punto de confluencia.
Las masivas concentraciones respondieron al llamado al paro general nacional, convocado inicialmente por la Confederación General del Trabajo (CGT), con el acompañamiento de las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
En la movilización de Córdoba se sumaron además trabajadoras y trabajadores de museos nacionales, investigadoras, investigadores y becarios del Conicet, librerías, medios comunitarios y cooperativos, organizaciones socioambientales y por la diversidad sexual y de género; y también el colectivo «Cordobazo Cultural», que irrumpió semanas atrás en la provincia.
Bajo el título «La Patria no se vende, los derechos no se tocan», desde un escenario montado en la Plaza Agustín Tosco (ex Vélez Sarsfield), frente al Patio Olmos, la CGT compartió un encendido documento, crítico con la política económica que viene imponiendo el gobierno de Javier Milei, y particularmente con el mega decreto de necesidad y urgencia 70/2023 y el proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos, con los que el Presidente pretende avanzar sobre una enorme diversidad de derechos conquistados.
Además, el documento cuestiona las políticas de ajuste del Gobierno Provincial y da cuenta de las demandas de todas las organizaciones convocantes.
A continuación, se reproduce completo el documento, firmado por la CGT, las CTA y la UTEP:
LA PATRIA NO SE VENDE. LOS DERECHOS NO SE TOCAN
El movimiento obrero organizado expresa su rechazo absoluto a las medidas que dispone el DNU 70/23 y los contenidos de la denominada Ley Ómnibus, redactados por los representantes de los grupos concentrados de la economía. En especial en lo referente a las cuestiones laborales que, sin duda, buscan desproteger a los trabajadores, precarizando aún más sus condiciones laborales y salariales.
La pérdida de derechos y el debilitamiento de las organizaciones sindicales sólo apuntan a consolidar un modelo corporativo, excluyente y desigual.
Todas las medidas económicas y financieras del gobierno de Milei dañan el poder adquisitivo de los salarios y no permiten llegar a fin de mes a causa de los elevados índices de inflación. Políticas que afectan gravemente al conjunto de la población, en especial a los sectores más desprotegidos: trabajadores, jubilados y sectores de la economía popular. Desregulaciones que favorecen a un puñado de grupos económicos concentrados de nuestro país, produciendo una salvaje transferencia de ingresos hacia estos últimos.
Ya lo sabemos: las políticas económicas que pretende llevar adelante este gobierno son las mismas que fracasaron en los años ’90. Y esto no fue transparentado en campaña, lo que deslegitima los votos obtenidos por el partido de gobierno. Las reformas laborales sólo han traído, en nuestro país, índices de desocupación de más del 20%. La venta espuria de las empresas públicas y el patrimonio nacional sostuvo, sólo por un tiempo, una situación irreal de aspirantes a primer mundo que estalló por los aires en el 2001.
La política de apertura de comercio de los ’90 nos llevó a la desindustrialización, la venta de nuestros recursos y el patrimonio público, a la cada vez mayor concentración del poder económico hegemónico y a la formación de grandes oligopolios especulativos y rentistas que sólo piensan en el beneficio y la ganancia personal. Valores que atentan contra un modelo de país con justicia social, independencia política y soberanía económica.
Y que desde los movimientos sindicales y las organizaciones sociales combatiremos.
La normativa que se intenta aprobar conlleva el desmantelamiento del Estado en áreas sensibles que garantizan pisos mínimos de igualdad y acceso a derechos básicos como la salud y la educación para los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. En el acceso a la vivienda, fomenta la especulación inmobiliaria desprotegiendo a los inquilinos en los contratos de alquiler. La renuncia a la investigación en ciencia y tecnología y el ataque sin precedentes a la cultura también representa un atropello más a nuestra identidad y a nuestra soberanía como pueblo. Y a ello se suman gran cantidad de colectivos afectados por esta iniciativa, feminista y diversidades, medioambientales, de pequeñas y medianas empresas, de la discapacidad y muchos más.
No podemos permitir que nuevamente quieran apropiarse de nuestras riquezas, de nuestro trabajo, de nuestros derechos, nuestros ideales y de nuestras vidas. Como pasó durante la última dictadura militar, que lo hizo mediante un baño de sangre. Iniciando una embestida autoritaria y represiva sobre los intereses y derechos de las y los trabajadores.
El gobierno actual vuelve a las viejas recetas de represión, castigo y orden divino que ya fueran superados por las democracias modernas y que resulta anacrónico revivirlas nuevamente, en pleno Siglo XXI.
La acción de protestar por aquello con lo que no coincidimos es un derecho adquirido que supimos conquistar como argentinos y que defenderemos.
Los sectores de la economía popular nucleados en la UTEP, organizados para generar ingresos por fuera del trabajo formal, exigimos respuestas concretas respecto al aumento del Salario Social Complementario congelado por el actual gobierno.
Debido a la situación de pobreza, cada vez más extrema, que se vive en las zonas más vulnerables de nuestra patria, es de necesidad y urgenciaque se distribuyan alimentos para los Comedores comunitarios que hacen frente al hambre en las barriadas populares.
Y se garantice la continuidad de las obras de Integración socio-urbana, que generan miles de puestos de trabajo para las cooperativas y unidades productivas del sector y llevan dignidad a miles de vecinos.
Córdoba no ha sido ajena al ajuste desatado por gobierno nacional.
En una importante muestra de unidad, la totalidad de organizaciones sindicales estatales han rechazado la baja de contratos realizada por el gobierno provincial y exigen que se respete la Tutela Sindical, expresamente protegida por el artículo 48 de la ley N° 23.551.
A esta actitud del Gobierno Provincial, en línea con las políticas aplicadas por el Gobierno Nacional, se suma el último aumento en los aportes jubilatorios y al APROSS. Provocando un deterioro sobre los ya erosionados salarios, profundizando los efectos de la inflación, los aumentos de precios y tarifas. Frente a este ataque, los gremios estatales, con el acompañamiento de la CGT Córdoba, realizaron un importante paro el pasado 28 de diciembre. Y aún continúan con un plan de acción gremial que busca la reincorporación de todos los cesanteados y el fin del recorte salarial.
No podemos permitir el avance sobre nuestros recursos y nuestras tierras. El avasallamiento de los derechos humanos y de nuestra cultura, la destrucción de la educación y la salud públicas, porque en el olvido de los Pueblos está su autodestrucción.
CGT CÓRDOBA Córdoba, 24 de enero de 2024.
CGT Córdoba – CTA de las y los Trabajadores – CTA Autónoma – UTEP
Llamamos a consolidar la construcción de la unidad y continuar la lucha por una PATRIA JUSTA, LIBRE Y SOBERANA.
Con unidad y organización debemos bregar por la construcción de un país PRODUCTIVO, INCLUSIVO, EQUITATIVO y SOLIDARIO que, en forma discontinua, con éxitos y fracasos, con errores y aciertos, la democracia participativa supo crear.
Foto: gentileza
