Hace unas semanas, vecinos del barrio Piedra del Sapo se presentaron ante el Concejo Deliberante para solicitar que intervengan frente a la empresa Transurva, la cuál lleva adelante un litigio por la posesión de diversos terrenos en el sector. Pese a que los vecinos sostienen una posesión ininterrumpida de los mismos, y han generado las condiciones de habitabilidad, denuncian el hostigamiento y persecución constante por parte de la empresa para que abandonen las tierras.
Juan Rodríguez, uno de los vecinos damnificados, dialogó con Radio Tortuga 92.9 sobre la situación que atraviesan numerosas familias del barrio Piedra Del Sapo. Según advirtió, el hostigamiento por parte de la empresa Transurva no cesa, y debido a ello algunos vecinos comenzaron a presentar problemas de salud debido al estrés; incluso manifestó que las acciones de persecución ocasionaron el fallecimiento de un vecino.
“Pedimos que se termine el hostigamiento que tienen con los vecinos, tenemos vecinos que están enfermos. No queremos que nos hostiguen más, queremos que nos dejen de molestar”, expresó Rodríguez.
La empresa Transurva inició hace ya un tiempo acciones legales por la propiedad de numerosos terrenos en el sector. Esto devino en un conflicto con las familias que hace más de 20 años que mantienen la posesión de las tierras, han pagado los impuestos, e incluso han edificado sus hogares en ellas.
“Cada piedra y cada ladrillo que se ha puesto ahí, ha sido por nuestra fuerza, nosotros abrimos las calles”, comentó. Ante esta situación, los vecinos se presentaron ante el recinto Legislativo para solicitar la intervención inmediata del municipio en el conflicto.
Rodríguez manifestó que la municipalidad se encargó de cobrar los impuestos y firmar los planos de las edificaciones, por ello le solicitan que “actúen con seriedad”. Además destacó que hace más de 20 años que la empresa no paga los impuestos de los terrenos. “Es dueño quien paga los impuestos”, expresó.
“Otro de los problemas es el de una vecina a la que le han dictado que se tiene que ir del lugar, la jueza le ha dado una prórroga de cuatro meses para desalojar. Nosotros no tenemos para pagar un abogado, tuvimos un abogado hace un tiempo que se vendió, Mario Rey, nos entregó atados de pies y manos. Nosotros somos de clase trabajadora, de jubilaciones mínimas y no podemos costear los honorarios. Nos pone muy mal no saber cómo hacer para defender a esta señora”, señaló.
Respecto a las respuestas que reciben desde el municipio, manifestó que la presidenta del Concejo, Cristina Roca, afirma que el problema es entre particulares: “Cada vez que le decimos que fuimos a Tierras del Futuro a hacer toda la tramitación, nos dicen que es algo unilateral, de un lado solo, que llevamos nuestros testigos para que digan lo que nosotros decimos”, exclamó.
