El Juzgado Nacional de primera instancia del Trabajo número 45, de la ciudad de Buenos Aires, hizo lugar a una medida cautelar que había presentado por la Confederación de Trabajadores de la República Argentina (CTERA) y dispuso la suspensión del Decreto 340/25, que imponía la cualidad de “servicio esencial” a diversas actividades productiva, entre ellas la educación, para limitar el derecho a huelga, obligando a garantizar un funcionamiento mínimo.

Crisis en el sector de la discapacidad: instituciones denuncian pagos suspendidos por parte de Incluir Salud Instituciones prestadoras de servicios en discapacidad de la provincia de Córdoba emitieron este miércoles 27 de agosto un comunicado urgente, a través del cual denunciaron la situación crítica e inminente que impacta al sector, a partir de la suspensión de los pagos de “Incluir Salud”, derivada de la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, tras la difusión de audios del ex titular del organismo Diego Spagnuolo, que revelan presuntas coimas en el Gobierno Nacional. “La situación es de extrema gravedad, ya que pone en riesgo inmediato la atención sanitaria de personas con discapacidad en nuestra provincia y en todo el país”, denuncian las instituciones en el comunicado en el que exigen el “pago urgente de los meses de mayo y junio de 2025”, ya que, subrayan, “esta demora amenaza la continuidad de servicios esenciales que garantizan la inclusión y el derecho a la salud”. Explica el comunicado que “desde la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) —desencadenada por la denuncia pública basada en audios de Diego Spagnuolo— los pagos a los prestadores están totalmente paralizados” y alude que entre los señalados en la investigación judicial derivada de estas revelaciones se encuentra, precisamente, Daniel María Garbellini, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y coordinaba el Programa Incluir Salud. Ante esta crisis, el Gobierno designó como interventor de la ANDIS a Alejandro Vilches, médico y exsecretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, con mandato para reorganizar el organismo. “Entendemos que las investigaciones y los procesos administrativos deben avanzar, pero las personas con discapacidad no pueden seguir esperando”, destacan las instituciones y recuerdan lo que vienen denunciando hace largos meses: “Los aranceles actuales ya resultan insuficientes y la falta total de pagos nos coloca en una situación financiera insostenible”. En ese marco, expresan enfáticamente que cada día sin respuesta oficial impacta directamene, ya que las instituciones se ven imposibilitadas de cumplir con sus compromisos asumidos, los equipos profesionales quedan desprotegidos, las familias quedan sin respaldo y las personas con discapacidad ven vulnerado su derecho más básico, al imposibilitársele el acceso a tratamientos, medicamentos y atención continua. Concluye el documento con una exigencia clara para que con carácter de urgencia “ANDIS y el Estado Nacional restablezcan de inmediato la cadena de pagos, sin condicionamientos administrativos”, subrayando que “las investigaciones judiciales deben proseguir, pero no pueden traducirse en la desfinanciación total de un sistema prestacional que, como hemos advertido desde hace más de un año, atraviesa una crisis sin precedentes”.

En diálogo con Radio Tortuga 92.9, Liliana Olivero, candidata a primera diputada nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), detalló las propuestas del espacio de cara a las elecciones del 26 de octubre. La dirigente defendió la rotación de bancas como práctica democrática, cuestionó las políticas económicas de Javier Milei y de los gobernadores "cómplices" que aplican el ajuste, y planteó un plan de emergencia que incluya romper con el FMI.

Entrevistado por la Radio Tortuga 92.9, el legislador departamental por Santa María y titular del Partido Justicialista de Córdoba, Facundo Torres, se refirió a la manera en que el flamante espacio “Provincias Unidas” viene afrontando la campaña, de cara a los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre, para los que promueve la lista encabezada por Juan Schiaretti y Carolina Basualdo. En ese marco, destacó la adhesión de mandatarios de otras fuerzas al espacio y el trabajo que se viene realizando con los propios, para generar un marco de construcción armónica; y marcó diferencias con Fuerza Patria Córdoba y el espacio de Natalia De La Sota.

El jefe comunal de La Paisanita y dirigente del Pro, Brian Heredia, es uno de los cinco mandatarios del departamento Santa María que desde afuera del Partido Justicialista anunciaron recientemente su adhesión al espacio “Provincias Unidas”, que promueve las candidaturas de Juan Schiaretti y Carolina Basualdo para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Entrevistado por la Radio Tortuga 92.9, apuntó que esta decisión deviene del acercamiento en la gestión que viene teniendo con la Provincia; se mostró crítico de la alta dirigencia del “partido amarillo” en Córdoba y reconoció estar distanciado de su antecesor en la Comuna de La Paisanita y titular del Pro en Santa María, Ignacio Sala, con quien no tendría diálogo desde el año pasado.

Este martes 26 de agosto, la Secretaría Electoral Distrito Córdoba sorteó el orden que tendrán en la boleta única de papel (BUP) las 18 fuerzas políticas que participarán de los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre, que competirán por nueve bancas de la provincia en la Cámara de Diputados. En el primer lugar, quedó la lista del Partido Libertario, que encabeza Agustín Spaccesi (enfrentado con la lista libertaria apadrinada por el Gobierno), mientras que en la otra punta quedó Provincias Unidas, la coalición que integra el oficialismo provincial y promueve las candidaturas de Juan Schiaretti y Carolina Basualdo.

El gobierno reconoce que retiene casi 13 mil millones correspondientes a medios comunitarios Por Agencia Farco. Se trata de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) que la ley vigente asigna al Fondo de Fomento Concursable (FOMECA) para promoción de comunicación comunitaria, originaria y de frontera. La información surge en respuesta a un pedido de Acceso a la Información Pública presentada desde FARCO. Los medios comunitarios venían denunciando esta situación y reclamando esos recursos y ahora el ENaCom lo reconoció oficialmente, como consecuencia de un pedido de Acceso a la Información Pública presentado por el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Juan Salvador Delú. La respuesta llegó y los números coinciden con lo que FARCO venía denunciando públicamente: son casi 13 mil millones de pesos los que el Enacom ha recaudado desde fines del 2023 hasta hoy. Por la normativa vigente, esos fondos deberían haber sido llamados a concurso público durante todo el periodo de 2024 y 2025, además de saldar millonarias deudas en concepto de convenios incumplidos y desembolsos parciales de proyectos interrumpidos. Delú aseguró que «esas deudas encima ya no nos van a servir para ejecutar los objetivos que se deberían haberse llevado a cabo con esa plata, o sea, son deudas millonarias y aún así totalmente devaluadas». La excusa utilizada por el organismo público a cargo de Martín Ozores para quedarse con la plata de los medios comunitarios es una “reorganización funcional y operativa” que preveía el decreto original de intervención del organismo Nro 89/24, que daba plazo para ello hasta junio de 2024. Desde entonces la intervención ya se prorrogó dos veces, recurso con el que el gobierno mantiene funcionando al organismo sin la representación de los principales bloques del Congreso Nacional como prevé la ley, sin reuniones de Directorio ni rendir cuentas de sus actos. Deudas e intimaciones La recaudación informada del gravamen que la ley asigna al FOMECA es de 2.525 millones en 2023, 6.456 millones en 2024 y 4.771 millones en lo que va de 2025. El gobierno no dio explicaciones sobre cómo se están utilizando. El presidente de FARCO apuntó al interventor del ENaCom Martín Ozores y al responsable de Fomento del organismo, Mauricio Franco, como los funcionarios responsables de retener ilegalmente estos casi 13 mil millones recaudados que deberían ser destinados a los medios comunitarios como establece la ley. Además, Delú denunció: «La plata tampoco se usó para otro destino, porque no se puede, porque es un fondo específico, entonces sigue recaudada ahí, haciendo nada y devaluándose sin cumplir el objetivo que debería». Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias y otras redes de medios comunitarios continuarán los reclamos para que se liberen los fondos retenidos ilegalmente por el ENaCom tanto para el pago de deudas anteriores al 2023 como para el llamado a nuevos concursos del Fondo de Fomento. Los reiterados pedidos de audiencia no han sido respondidos, al igual que diferentes recursos administrativos y cartas documento de intimación pre judicial enviadas por radios integrantes de FARCO y otros medios desde distintos puntos del país, cuyas copias empapelaron el frente del ENaCom durante una manifestación el mes pasado. El presidente de FARCO reiteró que se aprontan presentaciones judiciales en caso de que la parálisis en la ejecución de esta política persista.

En el marco de las Jornadas Nacionales de Protesta de 48 horas, semanales y rotativas, en rechazo del anunciado veto presidencial a la Ley...

El secretario de Servicios Públicos y Ambiente de Alta Gracia, Matías Odiard, aseguró que el predio de las lagunas sanitarias no es un basural y que los estudios ambientales confirman que no hay contaminación. En diálogo con Radio Tortuga 92.9, sostuvo que el lugar “cambió en un 400%” desde su llegada a la gestión.

La Campaña Federal por la Declaración de la Emergencia en Discapacidad expresó su “más enérgico repudio” al accionar del Gobierno Nacional, las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el Ministerio de Salud de la Nación. A través de un comunicado, lanzado este lunes 25 de agosto, afirmó este espacio, respecto de la Andis: “Es inadmisible que un organismo creado para garantizar derechos de las personas con discapacidad se haya transformado en un posible escenario de corrupción y enriquecimiento personal”.