Gentileza Valeria Vázquez (*). Tras los hallazgos de restos óseos humanos en cercanía al ex centro clandestino de detención, desaparición y tortura La Perla (Córdoba), los familiares de las víctimas del último terrorismo de Estado expresan certezas y esperanzas, también dolor; acuerdan que una mezcla de emociones recorren sus torrentes. Procuran mantener la cautela y dosificar las expectativas, admiten que no es fácil. Cada una de las 26 familias querellantes en la causa por los enterramientos clandestinos necesita dar con los propios, sin embargo la búsqueda no se reduce al deseo individual. Están convencidas que esta instancia es tremendamente reparadora, sean los restos de sus familiares o no. La huella de lo colectivo sigue surcando el camino al igual que hace más de 40 años.
Desde el 20 de abril estas 26 familias se convirtieron en querellantes y con ello se reabrió la causa iniciada en los 90. Ahora pueden acceder, recibir y pedir información, también agregar pruebas, sugerir líneas de investigación y solicitar a las autoridades que diseñen estrategias para asegurar el debido proceso. Así ratifican su carácter participante, expresa en una entrevista radial, Soledad García, ex presa política y compañera del desaparecido, profesor villamariense, Eduardo Requena, secuestrado en julio del 76.
Sabían que desde el Juzgado Federal N° 3 –de Córdoba-, a cargo del juez doctor, Hugo Vaca Narvaja, junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) estaban trabajando fuerte sobre la causa. Cuando recibieron la notificación este último 17 de septiembre sobre los restos encontrados en la zona de Lomas del Torito debieron esperar a que se hiciera pública la noticia, allí la expectativa creció. Se convirtió en agenda de los medios y de las redes sociales, sin embargo los pasos legales y científicos exigen otros tiempos y tratamientos.
Según el fiscal doctor, Facundo Trotta, los antropólogos forenses proyectan su trabajo alrededor de unas 10 hectáreas aproximadamente. “El EAAF informó que continuará con la tarea de campo y una vez que culmine la búsqueda en esa zona se procederá a la extracción de ADN de los restos y luego se realizará la comparación con la base de datos del Banco Nacional de Datos Genéticos”, especifica. Tanto el Fiscal como el Juez a cargo expresan gran satisfacción por haber llegado a esta instancia en la investigación, ya que la búsqueda por las personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar lleva muchos años. No obstante, ambos se refieren con cautela debido a lo incipiente del caso.
Alba Camargo, hija de Marta Bértola y Armando Camargo, y sobrina de Susana Bértola, tres cordobeses secuestrados en julio del 76 en los barrios Talleres Sur y General Paz, sostiene que haber llegado a esta instancia se debe a un trabajo colectivo de años, en los que aprendieron a fortalecer vínculos y a encontrar actores elementales que aportan a la causa. Se refiere esperanzada porque “se viene acumulando experiencia, tecnología y mucho deseo para que esto suceda”.
Por su parte, García manifiesta que si bien hoy el foco está puesto en la zona de la Loma del Torito, no significa que no podría haber más hallazgos en otros lugares. En este sentido apela a toda la sociedad a comprometerse con la causa y aportar algún dato en caso de tenerlo. “Recuperar sus huesos, sus huellas, sus cuerpos indica que nos estamos acercando a un ciclo y a un indicio de que no pudieron con ellos”, reflexiona.
Puertas adentro de la memoria personal –y que jamás deja de ser colectiva- las emociones se entremezclan y se hacen difícil de explicar, así lo expresa Marta “Gringa” Moukarzel, hermana del médico friense, José René Moukarzel, asesinado en julio del 76 y cuñada de la docente cruzdelejeña, Alicia De Cicco, desaparecida desde diciembre del 75. Tras la noticia de los hallazgos cuenta que sintió “alegría, también dolor, esperanza, bronca y rebeldía”, en este cúmulo de sentimientos pide “juicio y castigo a los culpables”.
Por su parte Soledad García destaca que “la búsqueda ya es una acto reparatorio”. “Para algunos será un duelo, para otros un cierre y para otros un comienzo, lo que sabemos es que seguiremos buscando”, asevera. En tanto, Alba Camargo tiene la imperiosa necesidad de encontrarlos para lograr “completar el cuadro, la historia”. Remarca que no quiere dejar pendiente semejante trabajo a sus hijos y nietos, además entiende que “es saludable para la sociedad poder vivir desde la verdad”.
El fiscal, Facundo Trotta, manifiesta que llegar a la verdad permitirá dar respuesta a los familiares de las víctimas, en tanto “tienen el derecho irrenunciable de saber dónde se encuentran sus seres queridos para poder darles sepultura, y conocer lo que sucedió para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a suceder”.
Un delito que no prescribe
Las desapariciones forzadas de personas comenzaron antes del 24 de marzo del 76, se incrementaron durante los siete años de la dictadura y persisten en la actualidad, ya que éstas continúan hasta la aparición de los cuerpos. “Eran personas, con sueños y de golpe pasaron a ser desaparecidos insepultos”, manifiesta la compañera de Requena. Insiste en la necesidad de llegar a la verdad, aunque muchos de los militares que están condenados sigan sin hablar, sin decir qué hicieron con los cuerpos. En alusión, la hermana de Moukarzel y cuñada de De Cicco insiste “en el juicio a castigo a los culpables” y exhorta a la sociedad en general y a la educación en las escuelas en particular a trabajar sobre la memoria en las nuevas generaciones.
Por último el doctor Trotta, explica que desde la Justicia saben que “los desaparecidos fueron asesinados, así lo dicen las sentencias que se han dictado en nuestro país”, enfatiza. Y en este sentido destaca que el Estado argentino tiene la obligación de buscar a los desaparecidos de manera que una vez que se encuentren sus restos recién se dé por cesado el delito. “De esta manera estaremos cumpliendo con el compromiso y respeto a los tratados de derechos humanos, investigando, juzgando y condenando a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, como un gesto reparatorio a las familias y la memoria colectiva”, finaliza el fiscal.
(*) Docente y comunicadora
